miércoles, 26 de agosto de 2015

UN COMPROMISO DE LAS NUEVAS GENERACIONES

José Luis Balmaceda:

"Hoy los consumidores demandan que las empresas construyan su legitimidad sobre la base del respeto a los estándares internacionales de DD.HH., extensivo a la cadena de valor...".

La innovación constituye un factor relevante para el desarrollo, el que debe ceñirse a parámetros sustentables, privilegiando en ambos casos el respeto irrestricto de los Derechos Humanos. El carácter social de la primera es apreciado como una fuente de riquezas que no solo busca lograr mayores cuotas de mercado de manera sustentable, sino compartir sus beneficios con las personas a través del empleo, capacitación, participación, respeto de sus derechos, y producción limpia.

La observancia por el sector productivo repercutirá en su imagen y reputación, protegiendo al consumidor, con la consiguiente adjudicación de mercados. Esta visión corresponde a las tareas centrales de nuestro Consejo de Responsabilidad Social Empresarial.

En su Plan de Acción 2015-2018, sobresalen la definición de una política nacional en la materia, la elaboración de un Plan de Acción Nacional de DD.HH. y Empresas y uno de línea de base de acciones en los sectores público-privado de fomento de prácticas empresariales responsables.

Por su parte, el concepto de sustentabilidad no puede desvincularse de la innovación como agente de desarrollo, si además consideramos cómo las nuevas tecnologías de la comunicación inciden en la producción, trabajo y comercio. Su finalidad es conseguir un desarrollo sostenible en lo económico, social y ambiental a partir de políticas económico-comerciales, tecnológicas, energéticas, agrícolas, industriales, entre otras.

Corresponderá al sector financiero reforzar este criterio en materia de inversión, junto con concebir espacios de diálogo multisectoriales y el incremento de la coherencia de políticas y mecanismos de reparación efectiva. Esta conducta brindará los beneficios que la sociedad espera y el mejoramiento del medio ambiente.

Consciente del lazo Derechos Humanos-Empresas, Chile inició el estudio para identificar buenas prácticas y brechas destinado a generar un Plan Nacional de implementación de los Principios Rectores de Naciones Unidas. Su cristalización tiene una importancia país cuando el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, la Unión Europea y la OCDE acordaron incorporar los citados principios como parte de sus criterios de exclusión y elegibilidad. Más aún, Reino Unido, Estados Unidos y Escandinavia resolvieron asumir esa línea.

Cabe destacar que el fondo público de pensiones de Noruega liquidó las acciones de la minera canadiense Barrick Gold por causar serios daños ambientales en Papúa Nueva Guinea. Derechos Humanos y empresa, acompañados de sus variables, llegaron para quedarse. Hoy los consumidores demandan que las empresas construyan su legitimidad sobre la base del respeto a los estándares internacionales de DD.HH., extensivo a la cadena de valor.

La innovación al servicio de tales derechos en lo referente a procesos, contenidos y relaciones de la empresa con sus stakeholders , así como a la toma de decisiones no debe ser ajena. Las experiencias y orientaciones que podamos recibir de España, Suiza, Reino Unido, Holanda o Noruega ayudarán a asegurar un resultado satisfactorio.

Chile ha dado pasos significativos en la senda hacia el desarrollo, capital que debemos salvaguardar y alimentar con una visión de largo plazo. El éxito de este proceso, que conlleva un cambio de paradigma en la forma de hacer negocios, dependerá del grado de responsabilidad con que actuemos, donde debe primar la preocupación por la persona como eje constitutivo de la sociedad que queremos. Esa es la tarea que espera a las nuevas generaciones. Su éxito estará estrechamente ligado a lo que seamos capaces de aportar en los desafíos actuales.

José Luis Balmaceda
Embajador de Chile en Suiza

No hay comentarios:

Publicar un comentario