Por intentar protegerlos de una supuesta usura, se los somete a las reglas de un mercado informal que cobra intereses habitualmente mucho más altos.
De acuerdo con la Asociación de Bancos e Instituciones financieras, el número de deudores con préstamos inferiores a UF 50 en el sistema financiero ha caído en 30 por ciento en los últimos tres años. Este mismo número para deudores de más de UF 200 se ha incrementado en 29 por ciento en igual período. El tramo intermedio, que quizás es muy heterogéneo y por tanto impactado diferencialmente por este tipo de regulaciones, vio crecer el número de deudores en ese plazo en solo 5 por ciento.
Es difícil pensar que los deudores que salieron del sistema financiero dejaron de acceder a financiamiento del todo. El volumen de operaciones de la Dirección General de Crédito Prendario y de operaciones privadas de compraventa de oro ha ido en aumento y si bien no hay antecedentes fidedignos, las operaciones informales de crédito parecen ir al alza. La Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central detectó un aumento de este tipo de operaciones entre 2007 y 2012, pero no hay evidencia que permita dimensionar la evolución de esta situación en años recientes.
Es un hecho que los créditos y particularmente los intereses que se cobran, a pesar del desarrollo financiero que caracteriza a las economías más dinámicas, han sido evaluados con una permanente carga moral. Así, muchas operaciones son catalogadas de usureras y, por tanto, hay una tendencia a regular en exceso los cobros de intereses que pueden hacer las instituciones financieras en sus colocaciones. Quizás por esta misma razón, es habitual que se intente limitar la información respecto de la historia de los deudores del sistema financiero, para que no se vean perjudicados por eventuales problemas de cumplimiento oportuno en su pasado. En este razonamiento puede estar la causa de las tendencias identificadas en relación con el endeudamiento de los pequeños deudores.
En efecto, es inevitable ligar el fenómeno descrito con dos cambios del último tiempo en la regulación financiera chilena. Por una parte, la caída relativa en la tasa máxima convencional y, por otra, la ley que borró de Dicom a deudores con menos de 2,5 millones de pesos y sin que su historia comercial pueda ser conocida. Ambas medidas reducen el interés en los deudores de menos ingresos y que son habitualmente los que solicitan préstamos más pequeños. Ellos tienden a ser más riesgosos y, por tanto, se exige un premio mayor o un conocimiento más acabado de su historia comercial. En cierto modo, ambas medidas se refuerzan para impactar negativamente en el acceso al crédito de estas personas. Si no se conoce su historia comercial, es razonable presumir que puede ser un deudor promedio o incluso un mal deudor. El premio por riesgo que se le exige a la operación financiera puede, por tanto, ser mayor que la que se le exigiría en presencia de esa historia. El techo más bajo que impone la tasa máxima convencional reduce inevitablemente su acceso al crédito formal. Pero aun si se lograse construir parcialmente esa historia, cabe suponer que hay una distribución de riesgos entre los solicitantes de préstamos. Al bajar la tasa máxima convencional va a crecer el número de personas cuyo riesgo esté en torno o por encima de la tasa convencional y, por tanto, no van a ser sujetos de crédito.
La paradoja es que, por intentar protegerlos de una supuesta usura, se los deja sin acceso al sistema formal y se los somete a las reglas de un mercado informal que cobra intereses habitualmente mucho más altos que el mercado financiero establecido y respecto del cual no se puede reclamar o los usuarios carecen de defensa efectiva ante cualquier abuso del que puedan ser víctimas. De ahí la importancia de evaluar bien las regulaciones que se quiere imponer, porque no siempre producen los resultados prometidos y las consecuencias pueden ser indeseadas.
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