HACIA UNA POLITICA MIGRATORIA INTEGRAL.

Jueves, 20 de agosto de 2015

Miguel Yaksic, SJ Director nacional Servicio Jesuita a Migrantes

"...hay muchas lagunas en varias materias sensibles; como salud, educación, trabajo y vivienda...".

En las oficinas del Servicio Jesuita a Migrantes hemos venido recibiendo a ciudadanos colombianos cuyas tarjetas migratorias de turistas llevan escrito a mano "5 días", "10 días", "15 días". Esos rayados hacen referencia al permiso que tendrían para permanecer en Chile. Se trata de personas que entran a Chile como turistas y a quienes el oficial de frontera de la PDI les "acorta", sin razón, el permiso legal de 90 días para permanecer en el país. Algo similar sucedió con una mujer haitiana a la que al ingresar a través del aeropuerto, le escribieron en su tarjeta "8 días". Muchos de ellos reclaman haber recibido tratos arbitrarios y degradantes.

Estos casos eran muy comunes hasta el año pasado. Según datos de la Superintendencia de Migraciones del Perú, 5.404 personas fueron rechazadas en el control fronterizo de Chacalluta en Arica. Las cifras de este año, entre enero y abril, hablan de solo 182. La discriminación hacia migrantes que vienen a Chile ha disminuido gracias al trabajo serio realizado por las actuales autoridades migratorias, a lo que se suma el valioso aporte de las organizaciones de la sociedad civil. No solo los rechazos injustificados en frontera han disminuido, sino que también contamos con nuevas visas que facilitan el proceso de regularización migratoria (y, por tanto, de inclusión social). Además, el Registro Civil, enmendando un error, ha comenzado a reconocer como chilenos a todos los niños nacidos en nuestro territorio, con independencia de la situación migratoria de sus padres, salvo pequeñas excepciones legales.

Sin duda, son avances muy importantes y un modo positivo de comenzar a abordar la oportunidad que significa para Chile una creciente migración regional. Sin embargo, todas estas medidas son administrativas y no legales. Es decir, dependen de la voluntad de la autoridad política de turno. Por eso, son medidas frágiles y que no responden al diseño de una política migratoria integral, que debiese ser el norte hacia el cual caminamos como país. Si bien el Estado está haciendo esfuerzos de integración de migrantes, hay muchas lagunas en varias materias sensibles; como salud, educación, trabajo y vivienda.

Uno de los temas más preocupantes es la situación de vivienda de los extranjeros. De acuerdo con la Casen 2013, los migrantes en Chile tienen más escolaridad en promedio que los chilenos, trabajan, cotizan y aportan al progreso del país, pero en materia de hacinamiento exhiben índices muy preocupantes. Las razones son básicamente dos: arriendan barato para ahorrar y enviar las remesas a sus hogares de origen o el propietario arrienda en condiciones abusivas cuando el arrendatario extranjero se encuentra en situación migratoria irregular. Esto ha llevado a la creación de verdaderos guetos de migrantes, que los llevan a vivir en condiciones indignas y altamente riesgosas.

No es raro encontrar vecinos en barrios de Santiago que amplían o subdividen sus casas construyendo piezas que arriendan a familias extranjeras por unos $150.000 y ya es conocido por muchos que en Antofagasta el porcentaje de migrantes alcanza al 10% de la población local y que los campamentos han aumentado de 19 a 32 en el período de un año.

El crecimiento acelerado de los flujos migratorios hacia nuestro país nos plantea el desafío de elaborar una política pública intersectorial, con enfoque de derechos y que favorezca la inclusión social. Una política migratoria no es solo un asunto de extranjería, regularización, visas y fronteras. Todo es eso es de máxima importancia y la puerta de entrada a la inclusión. Pero junto con ello, otras dos cosas son necesarias. En primer lugar, asegurar que todas las personas que viven en Chile sean tratadas igualitariamente, tal como lo consagra la Constitución. Y en segundo lugar, que el trato igualitario no solo implica asegurar el acceso a los bienes sociales, sino que supone preguntarse qué tipo de acceso. Porque no es lo mismo atender el parto de una mujer haitiana que de una mujer chilena.

Los países acostumbrados a recibir altos flujos migratorios han comenzado a implementar hace tiempo políticas públicas con perspectiva intercultural, de modo de asegurar el reconocimiento y respeto de todas las culturas como igualmente valiosas.

Necesitamos una política migratoria moderna, integral, capaz de gestionar la diversidad cultural, enfocada en los derechos de los migrantes y un órgano administrativo empoderado -ojalá una subsecretaría- para articular las iniciativas intersectoriales en materia migratoria. Sabemos que el actual Gobierno ha venido trabajando en un nuevo proyecto de ley de migraciones con enfoque de derechos y una lógica intersectorial. Es un primer paso fundamental en el camino de convertirnos en un país modelo de buenas prácticas. Esperamos que este proyecto entre con urgencia en su fase legislativa.