La reforma ha sido presentada como un modo de poner nuestra legislación al día con las prácticas generalmente observadas en los países de la OCDE y reducir así la comparativamente alta brecha de desigualdad existente en Chile...
Por más de ocho meses se extiende ya la incertidumbre respecto de la futura legislación sobre negociación colectiva, de crucial importancia económica y social. El proyecto de ley fue aprobado con modificaciones en la Cámara de Diputados y la idea de legislar obtuvo en el Senado luz verde el día miércoles, con todos los votos de la Nueva Mayoría y el rechazo o abstención de la oposición. Pese a ello, la intensa controversia técnica y política que ha despertado la iniciativa, y algunas ambiguas "señales" por parte de sus autoridades, han hecho pensar que el Gobierno estaría considerando introducirle enmiendas por la vía de las indicaciones. Cuando la incertidumbre empieza a hacer estragos en los mercados, cuando el presidente del Banco Central llama la atención sobre el inquietante estancamiento de la actividad económica, es razonable exigir de las autoridades claridad en sus políticas.
Como se recordará, inicialmente el proyecto laboral no estaba incluido en las tres reformas clave del programa del Gobierno. Fue a instancias del Partido Comunista que este optó por impulsar un cambio en el sistema de relaciones laborales que recoge muchas -aunque no todas- de las antiguas demandas de la CUT, que en el fondo promueve el retorno del sindicalismo monopólico de los años sesenta.
La reforma ha sido presentada como un modo de poner nuestra legislación al día con las prácticas generalmente observadas en los países de la OCDE y reducir así la comparativamente alta brecha de desigualdad existente en Chile. Pero, como han hecho presente los más variados expertos, ello simplemente no es efectivo: en muchas de sus cláusulas el proyecto se aleja de las prácticas más frecuentes en los países desarrollados y más bien intenta reimplantar acá fórmulas que la experiencia latinoamericana ha probado muy dañinas tanto para el crecimiento de las economías como para la reducción de la desigualdad de ingresos. En efecto, la prohibición a todo reemplazo en caso de huelgas no es en absoluto norma en los países de la OCDE. De hecho, todos, menos México, permiten reemplazos internos, y muchos de ellos -por ejemplo, Alemania, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido- autorizan también el reemplazo con trabajadores externos, bajo ciertas condiciones. La titularidad sindical -que concede a los sindicatos el monopolio de las negociaciones colectivas y el derecho a huelga, quitando tales derechos a los trabajadores no sindicalizados- tampoco es habitual en la OCDE. Por ejemplo, Alemania, Italia, el Reino Unido y Suecia permiten -como ocurre hoy en Chile- la participación de grupos negociadores. La facultad que el proyecto otorga a los sindicatos para vetar la extensión de los beneficios negociados a los trabajadores no sindicalizados -y forzarlos así a ingresar a los sindicatos- o las limitaciones que se contemplan para convenir horarios o descansos más apropiados tampoco son características de esos países más prósperos y equitativos que el Gobierno dice querer emular.
El ministro de Hacienda, responsable de la difícil tarea de reanimar la decaída economía nacional, se ha mostrado preocupado por el daño a la competitividad de las empresas que provocaría una legislación desbalanceada. Pero hasta ahora ha sido decepcionantemente ambiguo al respecto, en apariencia por las dificultades del cuadro interno que enfrenta. Así por ejemplo, ha sugerido que, en caso de huelga, el grado de paralización de una empresa debería ser proporcional al tamaño del sindicato respectivo, concepto a todas luces impracticable dada la interdependencia de las funciones al interior de las empresas. Más claro ha hablado Alejandro Foxley, ex ministro de Hacienda bajo la administración de Patricio Aylwin, quien ha señalado que de nada sirve fortalecer a los sindicatos si se daña la generación de empleos.
Chile compite en las arduas lides de la economía global y solo podrá pagar buenas remuneraciones, sin menoscabar la creación de empleos, con más productividad. El debate pormenorizado de la reforma laboral que ahora se inicia es la última oportunidad que el Gobierno tiene para corregir una iniciativa que siembra desconfianza empresarial y obstruye la reactivación de la economía.
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