Sin abordar los hechos en que aparece envuelto, Marco Enríquez-Ominami atribuye su situación judicial a una acción artificial para sacarlo de la carrera presidencial... En la conferencia de prensa que siguió a su audiencia de formalización del día martes, Marco Enríquez-Ominami alegó ante los medios de comunicación, una vez más, la supuesta persecución política del fiscal Pablo Gómez en su contra, a quien ha tildado de "operador político de Sebastián Piñera", por estar casado con la ex ministra de Justicia Patricia Pérez. Poco antes, durante la formalización, su defensa hizo ver que una eventual acusación del candidato buscaría "achicar la cancha presidencial", pues esa medida procesal tendría como efecto la suspensión de los derechos políticos del acusado.
Independientemente de la estrategia comunicacional que haya decidido seguir el candidato Enríquez-Ominami, la que por lo visto intenta presentar su delicada situación judicial como un obstáculo interpuesto artificialmente por uno de sus rivales en la carrera presidencial, el hecho concreto es que le fueron imputados delitos tributarios por ingresos que ascienden a $391 millones que no pagaron impuestos, lo que entraña un considerable perjuicio fiscal. Sobre esto, sin embargo, el candidato no hizo mayor referencia en su despliegue comunicacional, dedicado más bien a sembrar dudas sobre las intenciones del fiscal Gómez al perseguir responsabilidades en su caso.
El proceder de ME-O y de su defensa no es nuevo. Como él, conocidos aspirantes a la presidencia de sus países siguieron una receta parecida cuando se vieron en problemas con la justicia, caso ejemplificado últimamente por Keiko Fujimori y Lula da Silva. Pero por más que se repita este tipo de fenómeno, no deja de asombrar el hecho de que, al quedar envuelto en un delito, un candidato a la presidencia se defienda cuestionando la actuación de un poder del Estado, que lo dejaría fuera "por secretaría". Aunque es cierto que ME-O se cuidó de no acusar a la fiscalía en su conjunto, e hizo aspavientos de presentarse ante la ley sin pretenderse merecedor de ningún privilegio, con sus dichos pone en duda la rectitud del proceder de una institución pública por el solo hecho de realizar su labor.
El principio de igualdad ante la ley que implícitamente el candidato ME-O parece echar en falta en su caso, existe para que la acción de la justicia se haga efectiva a pesar de las influencias que busquen coartarla. Esto, la acción irrestricta de la justicia, es precisamente lo que defiende quien alega inocencia cuando tiene oportunidad de presentar sus descargos por el delito que se le atribuye. Lo que hace ME-O al cuestionar el celo con que dicha acción se está llevando a cabo es exactamente lo contrario, y su sostenido silencio ante la opinión pública para aclarar los hechos en que aparece envuelto tampoco ayuda a su causa.
ßy
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