Cartas marcadas"
Carlos Peña, en su columna dominical del Mercurio, para justificar la divulgación de comunicaciones privadas entre los dos cardenales, argumenta sobre la base del interés público que ellas tendrían. Sin embargo, ¿cuál es ese supuesto interés? ¿El nombramiento de un capellán, la elección de una persona en una comisión pontificia o la salida de un párroco? Es extraño que el columnista estime de connotación pública simples designaciones en una institución que, de acuerdo a los argumentos que ha reiterado por casi dos décadas en estas mismas páginas, solo debiera inquietarse por sus fieles y preocupar a quienes voluntaria y lealmente comparten su religión.
Resulta difícil explicar esta ansiedad por el contenido de comunicaciones privadas que no lesionan ningún derecho y tratan sobre asuntos particulares de un credo religioso. Como el cambio de opinión no puede provenir de una simpatía personal por los aludidos en los correos, o de una antipatía hacia los cardenales, ella se justificaría en un elemento objetivo que no ha sido explicitado. Sin embargo, cualquiera que sea este, no existe razón alguna para que las creencias, sus doctrinas y autoridades sean consideradas como de interés público para situaciones como estas y, en cambio, excluidas y desterradas de la esfera pública para los grandes debates de la sociedad, entre ellos la vida y la familia.
En fin, sea como sea, hay una preocupación que, estoy seguro, comparten el columnista y todos los chilenos: el origen o fuente de la filtración. Más allá del problema de la divulgación, lo que alarma enormemente es la vulnerabilidad en que se encuentra la intimidad. La interceptación ilegal de comunicaciones privadas es un hecho de la mayor gravedad que, en un auténtico Estado de Derecho, debe ser aclarado judicialmente en el menor tiempo posible.
Carlos Frontaura Rivera
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