"El ex senador y ministro es un fiel representante de las conductas que han adoptado nuestros dirigentes desde que salieron a la luz los escándalos de financiamiento ilegal, tráfico de influencias y cohecho en la política...".
Carlos Portales
Esto dijo Pablo Longueira el miércoles recién pasado, defendiendo su inocencia frente a las acusaciones de cohecho en el caso SQM. No es la excepción, tampoco es el primero ni probablemente el último de los políticos en negar toda participación en delitos vinculados a dinero y política.
El guión es siempre el mismo. Comienza con una denuncia de algún organismo fiscalizador o un medio informativo. En seguida los afectados desmienten toda acusación y aseguran su inocencia. Lo anterior es avalado por la organización a la que pertenece el sospechoso, indicando que "hay que dejar que actúe la justicia", como si las consideraciones éticas y políticas que todos estos hechos comportan no existieran.
La UDI no sanciona a Novoa pese a ser condenado en el caso Penta. Piñera es santificado por sus seguidores como "el principal activo de la derecha", mientras sus hijos explican la emisión de boletas a SQM por $350 millones pese a que según el ex Presidente "su familia no le falló". La DC mantiene a Pizarro como presidente siendo evidente su vinculación paternal con SQM. Y la Fundación Chile 21 sostiene como presidente a un ya formalizado Ominami. Ni hablar del "me enteré por la prensa".
Cuando los países enfrentan estas crisis existen dos instrumentos posibles para salir del lodazal. La solución puede venir por la vía legal mediante el cambio normativo que regula la relación entre los poderes políticos y económicos. O los dirigentes pueden comprometerse con un cambio cultural buscando erradicar las prácticas viciadas. En los hechos, la clase política optó por lo primero: la vía legal como fórmula para terminar con la relación de servidumbre de la política respecto del poder económico. Y solo a medias, descafeinando cuanto han podido las modificaciones legales. El Observatorio Anticorrupción ha calificado el avance global de las reformas legislativas propuestas por el Consejo Anticorrupción con un mediocre 4,3. En algunos aspectos relevantes de las reformas la nota es un 1,0.
El segundo instrumento requiere de un cambio de comportamiento fundamental de la dirigencia política. Ello implica asumir costos personales y políticos. Nadie ha estado dispuesto a ello. Los dichos pero no los hechos que han marcado los casos Caval, Penta, SQM, Corpesca y otros atestiguan el nulo compromiso de la clase política con autogenerarse un cambio conductual.
En las próximas elecciones la ciudadanía expresará su profunda molestia con la política como hoy lo adelantan las encuestas. La variable que definirá las preferencias de los votantes será la limpieza. Aquellos candidatos que tengan el coraje de comprometerse con una agenda radical de cambios legales que toque intereses creados junto con un compromiso de probidad, transparencia y coherencia en sus conductas tendrán buenas opciones de ser elegidos.
Quienes tomen el desafío deberán comenzar por exigir una declaración de patrimonio e intereses completa a aquellos que conformen su gobierno. Con esto nos habríamos evitado los casos Dávalos y Riquelme. En seguida, restringir a su mínima expresión el lobby en cualquiera de sus formas, para eliminar una industria que lucra con el tráfico de influencias. Luego, establecer prohibición total de trabajar en el sector privado por un año, en funciones relacionadas con sus responsabilidades previas en el Estado, para evitar la puerta giratoria.
También hay que meterle mano al Estado. Para ello, habrá que comprometerse a reducir los funcionarios de exclusiva confianza de la Presidencia de la República, que hoy son cerca de 2.000. En países como el Reino Unido estos no llegan más de 200 personas.
La contratación de parientes deberá también minimizarse, lo que permitirá desguazar la verdadera bolsa de empleo en que se ha convertido el sector público. El fortalecimiento del Servel en cuanto a recursos y capacidades para fiscalizar y sancionar efectivamente irregularidades y delitos en las campañas políticas debe ser también un compromiso central de una propuesta política al país. Finalmente, habrá que asegurar que cualquier violación a estas medidas y pautas de comportamiento tendrá duras sanciones personales y políticas. Sin esperar el término de largos juicios, sino que atendiendo a antecedentes que razonablemente muestren la vinculación de un funcionario con hechos reñidos con una conducta política intachable.
Pablo Longueira tendrá que demostrar su honestidad. Mientras tanto, este país deberá parir algún candidato y proyecto político con el coraje suficiente para comprometerse con medidas como las recién expuestas, quemar las naves, y asumir a cabalidad las duras consecuencias personales y políticas si sus compromisos no se cumplen.
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