Las instituciones involucradas no tienen la capacidad para asumir con eficacia real, en cobertura y calidad, las funciones de corrección, rehabilitación, reinserción y demás que puedan detener y revertir una carrera delictiva incipiente...
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Los últimos episodios de delincuencia con intervención de menores y las declaraciones del fiscal nacional al respecto solo confirman el mal estado del sistema de responsabilidad penal de los adolescentes y las consecuencias de haber desatendido las aprensiones formuladas cuando se dictó esa legislación.
En sus declaraciones tras el violento asalto que sufrió el fiscal jefe de Coquimbo en su propio domicilio, el fiscal nacional ha sido mesurado en la forma, pero claro en el mensaje. Este delito fue perpetrado por un grupo de tres menores y un adulto joven, armados con cuchillos y una escopeta calibre 12, que incluso se apoderó de la cónyuge como rehén para protegerse contra la policía, abandonándola luego a un kilómetro de su casa, en un terreno rural. "La participación de menores en delitos se viene repitiendo a lo largo del país", ha dicho Abbott, por lo que "hay que revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y fortalecer el sistema del Estado para intervenir a los menores infractores de ley...". A su juicio, la principal debilidad del sistema es "básicamente el tratamiento", esto es, los apoyos necesarios para la intervención del Estado respecto de esos menores cuando inician su vida delictiva, para lograr que ellos abandonen esa opción de vida. "Ahí es donde el sistema está fracasando, al no haber una intervención profunda y sanciones severas (...). Al final, lo que hay es una sensación de impunidad".
Las malas condiciones en que se desenvuelve el sistema chileno de responsabilidad penal adolescente no son una sorpresa. Durante la elaboración de la ley al respecto, se advirtió transversalmente que ella quizá podía cumplir en lo formal con estándares internacionales, así como resultar políticamente decorativa, pero en la práctica no podría producir los efectos esperados. Las instituciones involucradas no tienen la capacidad para asumir con eficacia real, en cobertura y calidad, las funciones de corrección, rehabilitación, reinserción y demás que puedan detener y revertir una carrera delictiva incipiente.
El actual Sename está muy lejos de poder realizar esa labor. Su división conducente a que el país cuente con un órgano técnico especializado, que opere aprovechando todo el potencial del Estado y también todo el que el cuerpo social puede aportar -voluntariado y sector privado en su más amplio sentido, sin exclusiones ideológicas a priori -, además de la hoy abundante experiencia internacional exitosa, no ha logrado prosperar, fundamentalmente por oposición de sus gremios internos, que no ha habido suficiente voluntad política para enfrentar.
Sin ese instrumental, las consecuencias de esa ley, bien intencionada y necesaria para ajustar nuestra legislación -pero también nuestra respuesta social- al problema de la delincuencia juvenil, se han venido traduciendo en lo que el fiscal nacional resume como "una sensación de impunidad". Desgraciadamente, es más que una sensación: es una realidad que la delincuencia adulta sabe aprovechar bien. Cabe esperar que las declaraciones de la ministra de Justicia relativas al plan en marcha -desde septiembre pasado- para mejorar la reinserción y rehabilitación de jóvenes infractores conduzcan efectivamente a un avance que el país necesita sea sustancial y con resultados comprobables. La iniciativa se lanzó en 2015 con el estudio de 91 "casos complejos" en la Región Metropolitana, y para este año se planteaba expandir la cobertura a 300 menores de Valparaíso, Biobío y La Araucanía. Sería de gran valor conocer los resultados de esa fase preliminar, ya que se trataba de casos muy calificados de menores reincidentes.
En sus declaraciones tras el violento asalto que sufrió el fiscal jefe de Coquimbo en su propio domicilio, el fiscal nacional ha sido mesurado en la forma, pero claro en el mensaje. Este delito fue perpetrado por un grupo de tres menores y un adulto joven, armados con cuchillos y una escopeta calibre 12, que incluso se apoderó de la cónyuge como rehén para protegerse contra la policía, abandonándola luego a un kilómetro de su casa, en un terreno rural. "La participación de menores en delitos se viene repitiendo a lo largo del país", ha dicho Abbott, por lo que "hay que revisar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y fortalecer el sistema del Estado para intervenir a los menores infractores de ley...". A su juicio, la principal debilidad del sistema es "básicamente el tratamiento", esto es, los apoyos necesarios para la intervención del Estado respecto de esos menores cuando inician su vida delictiva, para lograr que ellos abandonen esa opción de vida. "Ahí es donde el sistema está fracasando, al no haber una intervención profunda y sanciones severas (...). Al final, lo que hay es una sensación de impunidad".
Las malas condiciones en que se desenvuelve el sistema chileno de responsabilidad penal adolescente no son una sorpresa. Durante la elaboración de la ley al respecto, se advirtió transversalmente que ella quizá podía cumplir en lo formal con estándares internacionales, así como resultar políticamente decorativa, pero en la práctica no podría producir los efectos esperados. Las instituciones involucradas no tienen la capacidad para asumir con eficacia real, en cobertura y calidad, las funciones de corrección, rehabilitación, reinserción y demás que puedan detener y revertir una carrera delictiva incipiente.
El actual Sename está muy lejos de poder realizar esa labor. Su división conducente a que el país cuente con un órgano técnico especializado, que opere aprovechando todo el potencial del Estado y también todo el que el cuerpo social puede aportar -voluntariado y sector privado en su más amplio sentido, sin exclusiones ideológicas a priori -, además de la hoy abundante experiencia internacional exitosa, no ha logrado prosperar, fundamentalmente por oposición de sus gremios internos, que no ha habido suficiente voluntad política para enfrentar.
Sin ese instrumental, las consecuencias de esa ley, bien intencionada y necesaria para ajustar nuestra legislación -pero también nuestra respuesta social- al problema de la delincuencia juvenil, se han venido traduciendo en lo que el fiscal nacional resume como "una sensación de impunidad". Desgraciadamente, es más que una sensación: es una realidad que la delincuencia adulta sabe aprovechar bien. Cabe esperar que las declaraciones de la ministra de Justicia relativas al plan en marcha -desde septiembre pasado- para mejorar la reinserción y rehabilitación de jóvenes infractores conduzcan efectivamente a un avance que el país necesita sea sustancial y con resultados comprobables. La iniciativa se lanzó en 2015 con el estudio de 91 "casos complejos" en la Región Metropolitana, y para este año se planteaba expandir la cobertura a 300 menores de Valparaíso, Biobío y La Araucanía. Sería de gran valor conocer los resultados de esa fase preliminar, ya que se trataba de casos muy calificados de menores reincidentes.
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