Mejorar la formalidad de la economía será uno de los desafíos más importantes de la administración del Presidente Kuczynski. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el 74,3% de la población ocupada no cuenta con contrato de trabajo...
En materias económicas, Perú se ha destacado en el último tiempo. Su crecimiento ha sido alto y estable. Desde el 2000 su Producto Interno Bruto se duplicó y el mayor dinamismo atrajo a la inversión. Entre el 2008 y el 2012 la inversión extranjera directa aumentó en aproximadamente 70%, alcanzando cerca de 12 mil millones de dólares, con muchas empresas extranjeras instalándose en ese país en la búsqueda de oportunidades de negocios.
Y si bien Perú no ha sido inmune al complejo panorama internacional, su economía ha experimentado un ajuste moderado. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) revisó al alza las proyecciones de crecimiento para este año, estimándose en 3,7% (un aumento de 0,4 puntos porcentuales desde octubre del año pasado). Para los siguientes años, las proyecciones son: 4,2% en el 2017 y 3,6% en el 2018. Así, se anticipa un futuro más auspicioso para Perú que para Chile. En el caso de nuestro país, las más recientes proyecciones del FMI son: 1,5% este año, 2,1% en 2017 y 2,7% en 2018.
Superar la informalidad de la economía
Mejorar la formalidad de la economía será uno de los desafíos más importantes de la administración del Presidente Kuczynski. Según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, el 74,3% de la población ocupada no cuenta con contrato de trabajo y el 18% del PIB del país se genera en el sector informal. Por cierto, la situación no solo crea situaciones laborales precarias y al margen de la seguridad social, sino también implica que miles de empresas y servicios no tributen, por estar fuera del registro de las autoridades tributarias.
El punto fue recogido por el programa de gobierno del Presidente Kuczynski, que dedica varias páginas a este tema. Las metas autoimpuestas incluyen la reducción del empleo informal a 50% y la participación económica de la informalidad a solo 10% del PIB. Las medidas para alcanzar tales objetivos incluyen la simplificación regulatoria y disminución de la carga tributaria, especialmente para la pequeña y mediana empresa. A esto se agrega una reforma tributaria que contempla la disminución del IVA hasta 15% y una deducibilidad del 100% de la inversión a las grandes empresas.
El conjunto de medidas complementa los pasos que ya ha dado Perú en disminuir la carga tributaria de las empresas, cuya tasa de impuestos bajó desde 30% a 26% en los últimos años quedando por debajo de la tasa chilena, elevada durante la reforma tributaria. Con todo, se espera que el paquete de medidas promueva la formalización de las empresas, haciendo más competitivo al Perú.
Dinamizar los recursos naturales e infraestructura
El programa de gobierno también se hace cargo de la reciente paralización de proyectos mineros de gran envergadura -estimados en US$ 20 mil millones-, producto de problemas de tramitación, burocracia y exceso de regulación. El nuevo Presidente espera lograr destrabar la ejecución mediante la modernización de las regulaciones y haciendo un catastro más detallado del efecto de los proyectos sobre el crecimiento económico y sus beneficios a las comunidades locales.
Las propuestas también incluyen cambios en el sector agrícola. Este corresponde al 29,4% del empleo en Perú y aporta el 5,3% del PIB. Sus exportaciones se han triplicado en la última década sumando US$ 5.301 millones (2014). Sin embargo, la comercialización de productos agrícolas es onerosa, tiene muchos intermediarios y sufre de numerosas mermas. Se estima que al año se pierden US$ 300 millones en el proceso de comercialización de frutas y hortalizas. Así, dentro de las principales propuestas en el agro, se busca asegurar el riego de 500 mil hectáreas en la sierra, reformar e incrementar el capital del Banco Agrario, e incentivar la modernización del sector a través del respaldo del Estado.
En materia de inversión e infraestructura, el programa de gobierno propone un apoyo decidido a las inversiones básicas de infraestructura, como aeropuertos, puertos, carreteras, con financiamiento tanto estatal como privado. Estos "megaproyectos" sumarían un plan de inversiones de US$ 70 mil millones en obras. Al mismo tiempo se busca simplificar los trámites relativos a la aprobación de proyectos de infraestructura con el fin de agilizar la puesta de marcha de nuevas construcciones. El ambicioso plan busca elevar el gasto destinado a estas obras desde el 4,5% del PIB en 2016 hasta llegar al 6,2% en 2021.
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