La actuación del Servicio Electoral (Servel) en el proceso de inscripción para primarias legales ha sido desconcertante. La arbitrariedad y abuso de su directora (s) ha sido declarado judicialmente. En su defensa, arguyó una errada interpretación de la autonomía constitucional. En efecto, aquella no habilita a los órganos que la detentan a actuar arbitrariamente, es decir, de forma caprichosa y sin justificación, ni mucho menos a infringir los mandatos legales. Aquella autonomía solo puede ejercerse dentro del marco legal.
Asimismo, tampoco habilita al Servel para eximirse del control judicial, pues en Chile todos los poderes públicos se someten a lo establecido en la ley y a la interpretación definitiva que de ella hacen, en caso de conflictos, los tribunales. El Servel no puede pretender convertirse en una excepción.
Empero, el Servel no solo ha torcido el sentido de la autonomía constitucional, sino que incluso pareciera desafiar lo decidido por la justicia. De hecho, en una actuación inexplicable, ha resuelto que dará cumplimiento a la sentencia previa modificación legal. Esto es un sinsentido jurídico que equivale, por ejemplo, a que si un tribunal obliga a una persona a reintegrar un objeto, dicha persona condicionara el cumplimiento del fallo a modificaciones en las leyes que regulan la transferencia de cosas. De aceptar aquello, el Poder Judicial se convertiría en inútil por ineficaz. Ello es inaceptable en un Estado de Derecho.
Por otro lado, se arguyó en el acuerdo del Consejo del Servel que sería "imposible" llevar a cabo lo ordenado por el tribunal, pues existirían "plazos ya vencidos y otros prontos a vencer"; no obstante, es precisamente a causa de la arbitrariedad de la directora (s) de dicho Servicio que estos habrían vencido. Es decir, el Servel pretende que a causa de su ilegalidad inicial se deje sin aplicar no solo la ley, sino que un fallo de un tribunal que lo obliga a hacerlo.
En definitiva, desde una perspectiva legal, la actuación del Servel resulta incomprensible y pone en duda los fundamentos mismos del Estado de Derecho.
Eduardo Chia Flavio Quezada
Abogados Instituto Igualdad
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