Elegida con un apoyo abrumador, la Mandataria conformó su gabinete con prescindencia de los partidos, pero este -dado el escaso peso político y corta trayectoria de muchos de sus integrantes- se ha mostrado incapaz de blindarla frente al descontento que provocan diversas áreas de la gestión gubernamental...
Se ha vuelto a confirmar la credibilidad e influencia de que goza la encuesta del Centro de Estudios Públicos. Pese a los severos desaciertos en sus mediciones electorales del año pasado -producto de la incertidumbre que introdujo el voto voluntario y de algunas prácticas metodológicas ahora corregidas-, la serie permanente de sondeos que viene realizándose por casi tres décadas ha mostrado ser fidedigno registro de las percepciones de los chilenos. El impacto que esta vez han tenido sus resultados se explica tanto por esa confiabilidad como por la magnitud de lo que ellos muestran: un grave deterioro en el capital político de la Presidenta Bachelet, principal activo de la coalición que sustenta a su gobierno.
El punto resulta crítico por las características de la actual administración. Elegida con un apoyo abrumador, la Mandataria conformó su gabinete con prescindencia de los partidos, pero este -dado el escaso peso político y corta trayectoria de muchos de sus integrantes- se ha mostrado incapaz de blindarla frente al descontento que provocan diversas áreas de la gestión gubernamental. En cambio, ya repetidas veces ha debido ella bajar al incómodo terreno de la contingencia y pagar los costos de aquello, incluso viendo cómo algunos de sus ministros registran (en otros sondeos) mayores niveles de aprobación que los de la propia Jefa de Estado, tal como ya lo sufriera su antecesor.
Los números de esta semana confirman la existencia de un profundo divorcio entre la ciudadanía y la agenda que impulsa el Gobierno. Esta ha intentado hacerse cargo de transversales demandas por reducir las desigualdades y mejorar la calidad de la educación, pero lo ha hecho de un modo signado por la ideología, atendiendo antes a las consignas que a la búsqueda de soluciones eficaces; peor aún, las iniciativas más emblemáticas de la administración han traído incertidumbre a los agentes económicos y puesto en duda valores históricamente compartidos, como el de la libertad de enseñanza. Es eso, y no un mero déficit comunicacional o el efecto de hipotéticas campañas del terror, lo que explica la caída en la evaluación del Gobierno. Así lo entienden las figuras más lúcidas del oficialismo, que llevan tiempo advirtiendo los riesgos de este alejamiento del sentido común -aquel que caracteriza a la amplia clase media- y el error que supone identificar ciudadanía con "calle". No se trata -como creyó algún parlamentario de la izquierda- de que el problema de la Nueva Mayoría sea la DC o un sector de ese partido: como bien lo ha admitido el senador PPD Lagos Weber, el problema más bien han sido quienes, levantando un discurso maximalista, presionan por radicalizar aún más la agenda.
Interpretaciones equívocas
Los números de la CEP entregan abundante prueba al respecto, por ejemplo, al identificar los problemas más acuciantes para los chilenos y la mínima relevancia que estos asignan al cambio constitucional. Por lo mismo, puede parecer paradójico que, al evaluar figuras públicas, los encuestados sitúen en el primer lugar a Marco Enríquez-Ominami, quien representa precisamente el referido discurso radical. Pero la contradicción es solo aparente. Desde luego, no cabe leer en clave electoral la expresión de simpatía hacia quien ha tenido alta presencia mediática, pero sin ser sometido al riguroso examen propio de los tiempos de campaña en materias como, por ejemplo, su posición frente a los abusos del régimen venezolano o el reclamo boliviano por mar. Prueba de lo erróneo de confundir esta evaluación con una predicción electoral es que figuras que ocupaban destacado lugar en este listado hasta poco antes de los últimos comicios parlamentarios sufrieron luego sonadas derrotas.
Por cierto, la simpatía hacia Enríquez-Ominami, sumada a otros resultados de la encuesta, sí puede ser indicativa de un cuestionamiento general a la política, el cual golpea de modo directo a las dos grandes coaliciones. Con todo, pese a que dicho cuestionamiento se ha arrastrado en el tiempo, hasta ahora, cada vez que ha llegado la hora de votar, la ciudadanía se ha inclinado abrumadoramente por figuras de tales conglomerados.
¿Cambio de gabinete o de rumbo?
El complejo escenario ratificado por la CEP ha relevado el debate sobre un cambio de gabinete y la creencia de que este traería alivio al Gobierno. Hay, sin embargo, simplismo en tal análisis. Precisamente por las características de esta administración, definida en grado extremo por la figura de la Presidenta, resulta crucial la percepción ciudadana sobre un compromiso real de la Mandataria con un cambio de rumbo. Hasta ahora, sus intervenciones llamando al diálogo entre los sectores políticos y a la colaboración público privada no han tenido ese efecto, pues no se las ha visto traducidas en hechos concretos. En contraste, siguen abundando los anuncios de cambios en los más distintos ámbitos, más allá de las capacidades de cualquier gobierno para administrarlos, y la propia Jefa de Estado insiste en plantear la supuesta inevitabilidad de las reformas, cual si la disposición oficial de "dialogar para avanzar" involucrara una exigencia de sumarse a las posturas del Ejecutivo antes que un verdadero ánimo por buscar acuerdos.
Más que el eventual cambio de gabinete, es la posibilidad de esa necesaria corrección de rumbos la verdadera incógnita del actual escenario político.
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