lunes, 28 de septiembre de 2015

LA CORTE DE LA HAIGA

La corte de la Haiga
"Lo que trato de plantear es que no está bien que nos echemos tierra a los ojos para no ver que Bolivia sí ganó mucho esta semana en La Haya..."

Joe Black

Ustedes van a decir que soy un tipo oscuro, amargado y vinagre, pero yo me siento absolutamente pesimista con respecto a la demanda boliviana contra Chile en La Haya.

A mí no me hizo ni cosquillas la declaración solemne de la Presidenta Bachelet tras el fallo del jueves en que dijo "Bolivia no ha ganado nada".

Sé que muchos especialistas muy preparados y estudiosos se quebraron la cabeza bastante rato para dar con la famosa frase. Y se quedaron tranquilísimos apostando a que toda la opinión pública se echaría para atrás, relajada, y diría: "Ah, qué bueno, menos mal, Bolivia no ha ganado nada, ¡juíu!, y nosotros que supusimos lo peor".

Me acuerdo de ese típico mito ochentero sobre personas como Luis Miguel. La gente decía: "¿Tú crees que Luis Miguel es realmente feliz? ¿Con todas las miradas puestas sobre él, con la competencia descarnada del show business , con los incesantes viajes?". Y yo respondía: "Con ese talento, la buena pinta, el éxito, los sueños hechos realidad... ¡Obviamente que es feliz!".

Esto es lo mismo. Cuando me dicen: "¿Pero tú crees que Bolivia realmente ganó algo en La Haya, si la Corte no le dio la razón en todo su planteamiento?". Y yo respondo: "A nosotros nos dijeron que Bolivia había presentado un invento jurídico ante la Corte, una tinterillada absurda, una leguleyada exótica, una payasada de letrado bajo los efectos de alucinógenos. Se nos dijo que probablemente sería descartada por la Corte, porque la Corte es respetuosa del Derecho y es obvio que lo que estaba haciendo Bolivia era buscar un subterfugio astuto, pero francamente extravagante, para intentar modificar el Tratado de 1904, que estaba vigente y es intangible como cualquier Tratado. Pero la Corte, por 14 votos a 2, le dijo a Chile que Bolivia sí tenía un caso legítimo. Entonces, ¡obviamente que Bolivia ganó algo! Ganó la posibilidad de llevar a Chile a un juicio internacional para obligarlo a negociar sobre una salida soberana al mar".

No quiero que me malentiendan. Yo no estoy diciendo que Evo Morales tenga la razón. Lo que trato de plantear es que no está bien que nos echemos tierra a los ojos para no ver que Bolivia sí ganó mucho esta semana en La Haya. Obviamente, tampoco creo que la Corte tenga la razón. No puede tenerla, porque el más básico sentido común indica que el objetivo de Bolivia sí es modificar el Tratado de 1904. La Corte, por tanto, no tiene la potestad de permitir que algo así ocurra. Entre otras cosas, porque cuando la Corte nació el Tratado ya llevaba más de 40 años vigente. El resto es chamullo. Igual que el chamullo que se mandó esta misma corte (ahora comienzo a nombrarla con minúscula) en el juicio con Perú. También el sentido común indicaba que el límite marítimo o existía o no existía. Pero no podía ser que solo existía hasta una cierta parte y que después, en algún lugar de altamar, se esfumaba. Es igual que el dicho popular: una persona puede estar embarazada o no embarazada. Pero no puede estar solo un poco embarazada. La famosa corte de La Haya, ese cuerpo colegiado de juristas que alguna vez nos hicieron creer que era una suerte de Tribunal Cuasi Celestial, integrado por puros Seres Jurídicos Superiores, es bastante más de medio pelo; permítanme que les diga. "Es harto flaite la corte", como me lo hizo ver un taxista el viernes en la mañana. Por eso, por flaite, desde hoy, para mí se pasará a llamar "La corte de la Haiga".

sábado, 26 de septiembre de 2015

FALLO DECEPCIONANTE

La Corte ignora, consciente y doblemente, que el verdadero propósito de Bolivia es el desconocimiento de lo acordado por las partes en 1904 y lo dispuesto por el Pacto de Bogotá, de 1948. Improcedentes son también las afirmaciones inexactas y descontextualizadas de la Corte sobre hechos históricos...

Rechazo y decepción provoca la Corte de La Haya. Su sentencia -pronunciada ayer- extiende, abusivamente, su competencia a una demanda manifiestamente en contravención a lo dispuesto en el Tratado de Paz de 1904 suscrito entre Chile y Bolivia, infringiendo además una disposición expresa del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, conocido como Pacto de Bogotá, de 1948, que la priva de jurisdicción.

La Corte debió haber puesto fin a esta controversia acogiendo la excepción presentada por Chile de incompetencia para conocer la demanda boliviana. En cambio, ha optado por prolongarla, arrogándose competencia sobre un asunto que las partes habían resuelto. Desde luego por el Tratado de 1904 en que fijaron sus fronteras soberanas, otorgando además a Bolivia compensaciones y el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio y puertos chilenos del Pacífico.

Bajo el equivocado razonamiento de que el objeto de la demanda boliviana es juzgar sobre una supuesta obligación de negociar, la Corte ignora, consciente y doblemente, que el verdadero propósito de Bolivia es el desconocimiento de lo acordado por las partes en 1904 y lo dispuesto por el Pacto de Bogotá, de 1948, en cuanto a abstenerse de conocer los acuerdos sobre materias anteriores a esa última fecha. A este respecto la Corte fue en contra de su propia jurisprudencia, que señalaba que le corresponde determinar el verdadero objeto y propósito de la demanda, tomando en cuenta no solo el de la petición de la misma, sino que la solicitud en su conjunto, sus argumentos y otros documentos referentes a ella.

Improcedentes son también las afirmaciones inexactas y descontextualizadas de la Corte sobre hechos históricos que han dividido a las partes comparecientes.

La desacertada y cambiante decisión y el errado proceder de los jueces de La Haya crean desconfianza en ese Tribunal y justifican revisar nuestra permanencia en el Pacto de Bogotá, que nos impone la obligación de solucionar las controversias con otros Estados a través de esa Corte. Queda a las autoridades resolver sobre la conveniencia y necesidad de este imperativo.

La Presidenta Bachelet, con amplio apoyo nacional y consultando al ancho espectro de referentes y a distinguidos juristas, hizo bien en plantear el ejercicio de la excepción preliminar de incompetencia. Más allá de no haber renunciado a un derecho procesal y con la sólida defensa del equipo jurídico, logró que la Corte declarara que, aun en el evento de que resolviera "sobre la existencia de la obligación de negociar, no le corresponde predeterminar el resultado de ninguna negociación que se lleve a cabo como consecuencia de tal obligación" (traducción de "El Mercurio" del texto en inglés).

A la vez, la interposición de la excepción de incompetencia ha significado que la Corte declarase, desde la partida, que la vigencia del Tratado de 1904 no está en discusión y que no se le ha pedido una resolución sobre el mismo.

Semejantes pronunciamientos resguardan la integridad territorial de Chile y confirman que la Corte carece de toda competencia para disponer la cesión de soberanía sobre territorio nacional.

Corresponde ahora contestar a la demanda y demostrar la inexistencia de la supuesta obligación de negociar por la ausencia de acuerdos, prácticas diplomáticas y declaraciones vinculantes invocadas por Bolivia. La buena disposición al diálogo y a la negociación manifestada por Chile y frustrada permanentemente por Bolivia no puede servir de fuente de obligación.

La tradición jurídica de Chile y la inclaudicable obligación de la defensa de sus derechos soberanos desaconseja abandonar este procedimiento conforme al artículo 53 del Estatuto de la Corte. Recurrir a la rebeldía nos dejaría en la más completa indefensión, permitiendo que Bolivia "solicite a la Corte que decida a su favor".

No es este el momento de un análisis detenido de la gestión de Chile sobre la injusta controversia planteada por Bolivia. Así como destaca la sólida defensa jurídica conducida por el canciller Heraldo Muñoz y el agente Felipe Bulnes, y el apoyo que ella ha recibido de todos los sectores nacionales sin excepción, debe una vez más considerarse que La Haya ya no es un tribunal que aplique puro derecho objetivo. Los aspectos comunicacionales y algunos otros que giran en la esfera de las influencias políticas y jurídicas indebidas deben ser objeto de igual cuidado. Varias veces, en el curso de este último proceso, hemos debido exigir precisiones sobre determinados pronunciamientos de personeros extranjeros que jamás debieron haber emitido opinión sobre una cuestión única y netamente bilateral.

lunes, 21 de septiembre de 2015

CRISIS MIGRATORIA : la mirada universalista de Alain Tourine

 Juan Rodríguez M.
Los cientos de miles de personas que huyen hacia el Viejo Continente han arrojado a nuestra cara un debate que hace décadas ocupa a la filosofía política: ¿qué hacer con los extranjeros? En esta conversación, el sociólogo francés que acuñó conceptos como "sociedad post-industrial" y "movimientos sociales", piensa esta crisis: "Podemos vivir juntos si nos reconocemos mutuamente como sujetos, es decir, como portadores de derechos universales", dice. Dicen que solo por ser humanos, somos libres e iguales en dignidad y derechos. Que debemos compartir fraternalmente. Que tenemos derecho a circular libremente y, en caso de persecución, a disfrutar de asilo en cualquier país. Dicen que esos y otros principios, que conforman la Declaración Universal de Derechos Humanos, son el fundamento de las democracias liberales. Un imperativo, si no legal, al menos ético. Y sin embargo, la realidad nos muestra que Europa es el teatro de la peor crisis migratoria desde la Segunda Guerra Mundial: desde enero, casi cuatrocientas mil personas han caminado hacia Europa Central, huyendo de la guerra y la pobreza. Alrededor de 2.500 han muerto. Una crisis a la que el viejo mundo ha respondido acogiendo a los migrantes, pero también levantando cercos y enviando a policías y militares a detenerlos. Los derechos de los otros ¿Cómo responder adecuadamente a la diversidad cultural y religiosa? Esa es la pregunta que ocupa al multiculturalismo y, desde una perspectiva amplia, puede referirse a cualquier grupo desaventajado dentro de una sociedad -mujeres y homosexuales, por ejemplo-. Aunque gran parte del debate se ha enfocado en los inmigrantes, las nacionalidades dentro de un Estado y los pueblos originarios. En el caso de la migración, la discusión oscila entre el liberalismo -que sitúa el problema en el plano de la universalidad y de los derechos de los individuos- y el comunitarismo, que enfatiza la identidad y los derechos de las comunidades humanas. O sea: ¿Derechos Humanos o autodeterminación de los pueblos? Comunitaristas son, por ejemplo, los canadienses Charles Taylor ("Multiculturalismo y política del reconocimiento") y Will Kymlicka ("Fronteras territoriales"). Ambos parten de la base de que los derechos son universales y deben ser garantizados por los estados liberales. Sin embargo, creen que esa igualdad -para ser efectiva- exige reconocer, proteger y preservar las identidades culturales. Desde el lado más liberal, se arguye que reconocer y preservar una cultura puede llevar a invisibilizar a los individuos dentro de la misma, y a privilegiar una versión supuestamente pura de esa cultura. Para filósofos como la turca-estadounidense Seyla Benhabib ("Las reivindicaciones de la cultura", "Los derechos de los otros"), o el anglo-ghanés Kwame Appiah ("Cosmopolitismo: la ética en un mundo de extraños"), las culturas no son un mosaico, especialmente en un mundo de "fronteras porosas". Al contrario, día a día compartimos con otros y, de hecho, nuestras opciones provienen de muchas fuentes culturales. De manera que tenemos derecho a pertenecer a uno y muchos grupos, y a salir cuando queramos de ellos. Otro intelectual que ha entrado en este debate es el sociólogo francés Alain Touraine, en libros como "¿Podremos vivir juntos?", "Igualdad y diversidad", "Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy", "Después de la crisis", "El fin de las sociedades" y el que se publicará el 24 de septiembre en Francia: "Nosotros, sujetos humanos". Pensador de los movimientos sociales y de la sociedad post-industrial, este investigador de la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, y Premio Príncipe de Asturias, tiene una posición que lo acerca al universalismo. Razón e igualdad Europa se entiende como un proyecto cosmopolita... "No, no", dice Touraine, al teléfono desde París. "Europa no se define como un mundo multicultural. Me permito interrumpirlo porque es una divergencia entre dos maneras de construir la realidad histórica. En el mundo entero -entonces también en Europa, América Latina y especialmente en el mundo islámico- hay gente que construye la realidad en términos de divergencias, de identidades, de comunidad o comunitarismo, incluso de nación y civilización, en el sentido de Huntington [autor de la tesis del choque de civilizaciones]". La anterior, explica Touraine, puede considerarse "una buena definición, de la ideología o de la interpretación reaccionaria o conservadora, y agresiva de la realidad histórica". Touraine cree que hoy el multiculturalismo significa "yo rechazo". El Frente Nacional en Francia y movimientos similares en el resto de Europa "son antiinmigrantes porque piensan en ellos en términos de identidad, de diferencia, pero no de manera blanda o relativamente abierta como antes, sino en términos mucho más dramáticos, como Huntington". Es lo que ocurre, también, en el mundo islamista -"sea con Dáesh [el Estado Islámico], los homeinistas u otros"-, "piensan en términos de unidades cerradas y definidas por fronteras, en términos de contradicciones o posibilidades conflictivas". "En cambio -no en el tiempo de Hitler o Stalin- la tradición central europea fue totalmente distinta, fue universalista. La gran tradición europea es la alianza -consciente y constante- entre el pensamiento griego, digamos aristotélico -a través de los árabes, de los judíos, de los que sean, no importa- y la tradición de la iglesia católica. Es el mundo de la razón, del hombre político, como decía Aristóteles, y el de la igualdad". Por eso, explica Touraine, frente a la actual crisis migratoria, Europa está dividida -"utilizando palabras que no me gustan, porque crean más oscuridad que luz"- entre una "derecha extrema, dura, apasionada por la identidad -cuyo caso más conocido es Hungría- y la vieja izquierda". Esa izquierda que "fue destruida en el mundo europeo, especialmente en el mundo franco-italiano, por el comunismo, por el estalinismo y por el apoyo dado al mundo soviético por parte de muchos intelectuales para marcar su oposición a la dominación americana". Sin embargo, Touraine cree que son esas mismas personas que huyen hacia Europa, las que traen nueva fuerza para el pensamiento crítico, universalista. Por eso, dice, no se trata de refugiados, son más que eso. "Esta gente les dice a los europeos: 'Ustedes nos han hablado durante siglos de libertad, igualdad y fraternidad; ahora tienen que salvarnos para demostrar que estaban hablando en serio'. Es un fenómeno que veo incluso en Francia: en enero [tras el atentado a la revista Charlie Hebdo], cuatro millones de personas salieron a la calle para defender las libertades, no para defender el derecho a blasfemar. Son millones de personas que han entendido que no se trata de un problema nacional o de clase, sino del universalismo de los Derechos Humanos. Si usted no tiene derecho a hablar, si no tiene libertad de conciencia o libertad religiosa, etcétera, la democracia no tiene sentido. ¡No tiene sentido, es vacía!". "El teatro de la historia ha cambiado, es otra obra de Shakespeare la que se está representando. Ahora el problema es: ¿usted cree en el universalismo de la razón y de los Derechos Humanos, o cree en la necesidad de defender su identidad y su comunitarismo? En lugar de hablar de derecha e izquierda -términos que no tienen ningún sentido en sí, son puramente ficticios-, lo que nos ha demostrado el año 2015 es que no hay nada que sea tan fuerte como esta oposición entre identidad y universalismo". Campo de concentración Para Touraine, así como las personas que llegan a Europa no son solo refugiados, tampoco corresponde hablar de migración. "El tema de las migraciones es global, sí, pero con una base económica". En cambio, lo que vemos aquí "son médicos, ingenieros, profesores, abogados, gente culta. No es gente que se muere de hambre. Alan Kurdi, el niño que murió ahogado, estaba vestido como un niño chileno, francés o alemán. Entonces, de lo que se trata aquí es de lo que es humano o no en la vida humana. Lo que está pasando en el mundo islámico es que tenemos un enorme campo de concentración al aire libre, no encerrado ni secreto, sino visible". -¿Hay un desafío a las democracias a tomarse en serio los Derechos Humanos ? "Sí, absolutamente. Pero en el momento actual, si uno mira al mundo, ¿quién puede decir lo que es la democracia? Usted puede responder -como lo escribió un norteamericano muy respetable [el politólogo Robert A. Dahl]- que es una poliarquía electa. O con Monstesquieu, puede hablar de separación de poderes. O de elecciones libres y regulares. Pero no. Hitler fue electo de manera perfectamente legal. Yo estuve en Hungría cuando el Partido Comunista se apoderó de Polonia y de los países bálticos, y la elección fue perfectamente legal. Entonces es evidente que una definición institucional de la democracia no sirve de nada. ¿Quién va a creer eso? En Rusia, Putin está elegido, y Putin no es un demócrata". -¿Entonces? "Yo comparto más o menos una visión de Hannah Arendt. Ella dice -es una expresión muy hermosa- que la especie humana es la única que tiene 'derecho a tener derechos'. Yo lo digo de manera un poco diferente: la democracia es el régimen político y jurídico, el tipo de sociedad, en el cual los Derechos Humanos fundamentales, es decir universales, están encima de todo... ¡Incluso!, encima de las leyes". Para Touraine, lo "extraordinario" de la situación actual es que la gente está diciendo que ya no aguanta. "No es una crisis, es el límite. Hay personas que dicen: 'Sé que el riesgo de morir cruzando el Mediterráneo es inmenso, es enorme. Sé que son gente de mierda que van a tomar mi plata y me pondrán en un barco podrido. Lo sé, pero no se puede aguantar más'. La palabra que más me gusta para describir esta situación es 'dignidad', no 'crisis'. Lo que estamos viendo es una declaración de dignidad: 'Yo muero declarando que soy digno de ser hombre y que me han negado mi dignidad de ser humano'. Aquí hay una oposición entre lo económico, político, social, incluso cultural, frente al derecho, al valor humano, al juicio de valor. Eso que en otro universo se llamaba el alma, palabra que nadie utiliza más, pero eso es. Es gente que, muriéndose, demuestra que tiene un alma. No son súbditos, no son esclavos". -¿Podremos vivir juntos? "Podemos vivir juntos solamente si nos reconocemos mutuamente como sujetos, es decir, como portadores de derechos universales. No hay para mí otra definición de la modernidad. Y por eso la gente de Dáesh es clara y conscientemente antimoderna".

viernes, 18 de septiembre de 2015

EL ERROR DE SUPONER APTITUDES

Lamentable cosa es que la ignorancia de las gentes, entre supina y crasa, piense que una habilidad predice otras. Las personas son como mosaicos de cualidades y defectos. Conociendo un par de ellos no se puede concluir nada sobre otros...

Es muy absurdo, querido Critilo -asevera un viandante que por casualidad le encuentra-, que la gente, en su ignorancia, no distinga entre distintas aptitudes sociales. Así por ejemplo, una personalidad cautivante, una labia fluida, puede ganar muchos adeptos en una asamblea. Pero esa habilidad social nada tiene que ver con el liderazgo, el don de mando, la capacidad de prever, la prudencia o la sagacidad administrativa.

Así es, en efecto, dice el sabio. Lamentable cosa es que la ignorancia de las gentes, entre supina y crasa, piense que una habilidad predice otras. Las personas son como mosaicos de cualidades y defectos. Conociendo un par de ellos no se puede concluir nada sobre otros. De allí que no deba haber quejas si por superficial mirada se dan por existentes aptitudes que nunca existieron

SIN LOS PROFESORES

Sin los profesores

El proyecto de Carrera Docente aprobado en particular la semana pasada deja la sensación de ser un proyecto "para los profesores, pero sin los profesores". No solo los educadores de párvulos han sido aplazados y excluidos, al menos en esta etapa, sino que lo han sido también los docentes, objetos del proyecto, antes que actores del mismo.

El proyecto no propone evaluaciones, incentivos y oportunidades de perfeccionamiento desde la misma comunidad escolar involucrada, sino que los impone desde arriba. Se trata de una lógica que genera desconfianzas recíprocas y que escapa a aquella que debemos promover en el ámbito de la educación, que ha demostrado la relevancia del trabajo participativo y colaborativo, así como de las coevaluaciones y autoevaluaciones. Pero el proyecto parece centrarse en asuntos económicos, administrativos y políticos.

El largo debate que antecedió a esta aprobación, con radicales diferencias de opinión, motiva dudas sobre el impacto que la reforma generará en el quehacer docente y en las reales posibilidades que esta tiene de mejorar la educación. Sería difícil, e incluso perjudicial, que todos los miembros de una sociedad llegaran a opinar igual. Pero es fundamental que quienes se ven directamente involucrados en una toma de decisiones no se sientan parte indirecta de su proceso, sino que se apropien de este como un proyecto que es suyo y que, por lo mismo, los compromete con identidad y convicción.

María Gabriela Huidobro
Decana Facultad de Educación, U. Andrés Bello

EL ABORTO TERAPEUTICO

re el aborto terapéutico

En el cuerpo Reportajes del periódico de su digna dirección, edición del día 6 del mes en curso, bajo el título "Muñoz, el aborto y la incomodidad oficialista", se menciona mi opinión como magistrado de la Corte Suprema, contenida en una entrevista difundida por el canal del Poder Judicial, sosteniendo que "el aborto terapéutico no se encuentra penalizado en Chile". Al respecto, estimo conveniente efectuar algunas precisiones acerca de esa entrevista -aceptada en mi carácter de profesor titular de Derecho Penal-, dada la escueta referencia que al contenido de ella se hace en la publicación aludida.

Frente a la pregunta del periodista, relativa al artículo 119 del Código Sanitario, que desde 1989 prohíbe toda acción cuyo fin sea provocar un aborto, expresé lo siguiente:

Que originalmente, el Código Sanitario, en su artículo 226, consagraba el denominado aborto terapéutico, que lo podía practicar un facultativo solo con fines terapéuticos y siempre que contara con la opinión documentada de dos médicos cirujanos. Esta disposición pasó después al artículo 119 de ese cuerpo legal. Podía discutirse si era o no un hecho lícito, pero lo cierto es que no podía recibir sanción penal el facultativo, entendiéndose por fines terapéuticos el procurar salvar la vida de la madre o su salud, gravemente amenazadas por el embarazo y parto, lo que significa que no hay otra salida que interrumpir la gestación para que la mujer no muera o sufra una lesión irreversible. Esta era la concepción dominante en la doctrina penal y también en la literatura médica sobre el tema; por esto manifesté que en estas materias probablemente los médicos tendrían más que decir que los abogados.

Que en el año 1989 se sustituyó el artículo 119 del Código Sanitario, reemplazándolo por el siguiente: "No podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar un aborto", precepto este que no estableció ninguna sanción penal para el caso de su contravención. Se introdujo una prohibición y nada más, de manera que las opiniones dirigidas a afirmar la eliminación del aborto terapéutico y su subsistencia como delito quedaron carentes de fundamento sólido. Como apunta la doctrina penal nacional más representativa -de modo unánime-, esa supuesta derogación constituye un error de interpretación, ya que, por una parte, la modificación legal última no había establecido ni delito ni pena y, por otra, en el preámbulo de la Ley N.ro 18.826 se expresó que a los casos excepcionales se aplicarían las reglas generales del Código Penal.

Que, en consecuencia y como lo suscriben los tratadistas chilenos, el médico que practica una interrupción del embarazo con fines terapéuticos está actuando en el ejercicio legítimo de su profesión y por ende está exento de responsabilidad penal, siempre que concurran dos requisitos esenciales: que lo haga con acatamiento a la lex artis , o sea, que obre de acuerdo con lo que esa normativa aconseja y que la mujer embarazada consienta.

Agregué que, a mi juicio, deben existir sin duda profesionales que, ante el riesgo cierto de muerte de una paciente embarazada, apoyados en información seria y confiable, interrumpirán el embarazo si no tienen otra alternativa y los comités de ética de los establecimientos hospitalarios podrán dar su veredicto, no van a dejar morir a esa paciente.

Debo agregar que para responder a la pregunta que se me formuló sobre este tema, además de tener en cuenta la bibliografía contenida en las obras nacionales de Derecho Penal y mi propia opinión como académico, consideré relevante la declaración emitida por el Departamento de Ética del Consejo General del Colegio Médico de Chile, en febrero de 2003, sobre "La interrupción del embarazo como medida terapéutica en casos de gestantes con riesgo de muerte al continuar la gravidez", texto que describe una serie de casos excepcionales en los cuales el aborto terapéutico cumple con el fin que implica su denominación y, por tanto, ha de entenderse ejecutado conforme a la lex artis y amparado por la eximente del ejercicio legítimo de una profesión, en tanto concurra el asentimiento de la mujer (ver, entre otros, Politoff, Matus, Ramírez, "Lecciones de Derecho Penal", 2ª edición, 2005, p. 96).

Carlos Künsemüller

lunes, 14 de septiembre de 2015

REALISMO CON RENUNCIA


Andrés Velasco:
"Una figura pública no debe renunciar nunca a sus principios. Pero si los instrumentos elegidos para llevar esos principios a la práctica resultan ser malos, un líder puede (algunos dirían debe) renunciar a ellos...".

La economía crece mucho menos de lo esperado, con un bajón fuerte en la inversión. La aprobación al Gobierno en las encuestas sigue en picada. En la Nueva Mayoría cunde un desorden aún mayor que el usual. ¿Qué debe hacer el Gobierno? Gobernar. Y como gobernar es priorizar, aquí va una lista de prioridades.

Impuestos: Urge concretar lo que el ministro Valdés ya anunció: la reforma a la reforma tributaria. Reducir los dos sistemas tributarios generales a uno, eliminar discriminaciones, simplificar donde se pueda, manteniendo la meta de recaudación. Es posible partir legislando en noviembre, apenas el presupuesto esté aprobado, y terminar en enero.

Política fiscal: Enfrentamos la crisis del 2009 con una política fiscal expansiva de corte keynesiano. El actual remezón económico no se cura con la misma medicina -entre otras razones, porque el punto de partida hoy es un déficit fiscal creciente, no un tremendo superávit como el del 2007-08-. El Gobierno debe explicitar su meta fiscal estructural para el fin de la administración y a continuación ceñirse escrupulosamente a los techos de gasto que esa meta implicará para los presupuestos venideros.

Reforma laboral: Las posturas polarizadas de unos meses atrás han ido cediendo terreno. El Gobierno ya ha presentado indicaciones, pero durante el debate en el Senado todavía podría crear espacio para incorporar ideas de cuasi consenso entre expertos de diversos colores políticos: permitir el reemplazo interno bajo reglas exigentes, equilibrar entre empleadores y sindicato el poder de extensión de beneficios, mantener los pactos de adaptabilidad dentro de la negociación colectiva, volver al texto original en materia de huelga pacífica. Un paquete así no dejaría plenamente contentos ni a la Sofofa ni a la CUT, lo que revela precisamente que no es un mal paquete.

Financiamiento universitario: Aquí los zigzagueos no dan para más. El próximo plan debe ser el definitivo. Un posible curso de acción es anunciar que en el nuevo sistema los estudiantes que provienen del 60% más vulnerable de la población no tendrán que pagar nada de su propio bolsillo durante sus estudios. El monto a financiar por el Estado estaría basado en el arancel de referencia. Calificará todo joven que estudie en una universidad, CFT o IP debidamente acreditado.

Proceso constituyente: El Gobierno podría partir sincerando que no impulsará una asamblea constituyente ni nada que parezca, en el memorable calificativo del ministro del Interior, un "atajo raro". Todo cambio constitucional será abordado por el próximo Congreso, más legítimo por no haber sido elegido vía sistema binominal. Mientras tanto, que comience el debate. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Por qué? En eso consistirá, el Ejecutivo podría aclarar, el famoso "proceso constituyente".

Pensiones: La Presidenta y los ministros relevantes podrían convocar una vez más a la Comisión Bravo a La Moneda, agradecerle profusamente por el informe que elaboró, y anunciar acto seguido que ni los tiempos ni las platas permiten que este gobierno emprenda una reforma previsional. Se puede y debe discutir, claro está, cuáles de las sugerencias de la Comisión Bravo un futuro gobierno deberá poner en práctica.

Delincuencia: El Gobierno podría partir reconociendo la legítima preocupación de millones de chilenos que no se sienten seguros ni en la calle ni en sus casas. Acto seguido, podría plantear una restructuración de Carabineros, exigiendo que a partir del próximo año todo uniformado esté en la calle y que las labores de oficina sean efectuadas por personal civil.

Salud: Acabar con la letra chica y las preexistencias en las isapres, crear un plan mínimo universal de salud para todo ciudadano y permitir compensaciones de riesgo entre el sistema público y el privado. Esas son todas buenas ideas. Pero la reforma que las ponga en práctica debe estar impecablemente diseñada. Por eso hay que darse el tiempo para el trabajo técnico. Mientras tanto, la ministra de Salud podría anunciar un plan de emergencia para mejorar la gestión y premunir de especialistas (extranjeros si los nacionales no dan abasto) a los hospitales públicos.

Aborto: En Estados Unidos dicen que la presidencia es un púlpito. La Presidenta podría aprovechar ese púlpito en una cadena nacional para explicar al país por qué es imprescindible legislar tres circunstancias en las que será legal interrumpir el embarazo, y por qué la violación debe ser una de esas causales. A una mujer que ha sufrido el dolor inmenso de una violación, la sociedad no la puede castigar obligándola a llevar a término un embarazo no deseado. Nadie tiene mayor estatura moral en Chile que la Presidenta para decir eso, así, con todas sus letras.

Todo esto es realismo con renuncia. Una figura pública no debe renunciar nunca a sus principios. Pero si los instrumentos elegidos para llevar esos principios a la práctica resultan ser malos, en el sentido de que nos alejan de los objetivos planteados, un líder puede (algunos dirían debe) renunciar a ellos y cambiarlos por otros.

En Chile, hoy, eso significa reformar las reformas. Priorizar el resto. Y gastar capital político explicando e impulsando los cambios que sí se van a hacer. Cualquier otra cosa es, como dijo la Presidenta, wishful thinking.

Andrés Velasco