CORTELA DON JORGE.

"Nunca ha sido tajante Sampaoli en las ocasiones en que se ha planteado la posibilidad de emigrar, lo que ha producido en la imaginación popular la idea de que él siempre ha querido irse, lo

Edgardo Marín El Bayer Leverkusen subió considerablemente la puntería para hacerse de los servicios de Charles Aránguiz. Subió más de lo que se bajó el Internacional de Porto Alegre para transar en 13 millones de euros.

Lógico, se trata de un muy buen jugador de nivel mundial, y recién se ha titulado de campeón de América. Todos los campeones adquieren un valor adicional.

Y los entrenadores también. Es el caso de Jorge Sampaoli. A su bien ganado prestigio agrega este título internacional al frente de un plantel al que ya clasificó a un Mundial para luego hacer un papel distinguido en él. Y ahora lo encabeza (o lo encabezaba) para enfrentar unas nuevas clasificatorias.

Su valoración lo hace obviamente apetecible para muchas selecciones nacionales. Y para muchos clubes. Es lo que Sampaoli está viviendo ahora. Lo que todos estamos viviendo.

¿Es la mexicana una de esas selecciones? ¿Es el Olympique de Marsella uno de esos clubes? Tal vez quieran los franceses repetir la fórmula chilena: reemplazar a Marcelo Bielsa con su discípulo más distinguido. Tal vez harían bien, como bien nos fue a nosotros. De todos modos, lo que parece más próximo es el interés de México y no se oculta el del Internacional de Porto Alegre.

La cláusula de salida del entrenador de Casilda no parece ser excesiva para México ni para clubes brasileños y europeos. ¿Dos millones de dólares? ¿Diez? ¿Quince? Una bicoca. Alejandro Burzaco pagó 20 millones de dólares de fianza a la justicia estadounidense mientras se apresta a declarar sobre la forma en que entregó los sobornos a los dirigentes sudamericanos. Bicocas todas.

Más allá del interés de los clubes y de las cláusulas, lo que subyace es la actuación del seleccionador nacional en el tema de hoy y en otros anteriores del mismo sello.

Nunca ha sido tajante Sampaoli en las ocasiones en que se ha planteado la posibilidad de emigrar, lo que ha producido en la imaginación popular la idea de que él siempre ha querido irse, lo que tal vez sea un exceso. O tal vez no. ¿Cómo saber lo cierto cuando sobran los silencios y las vaguedades y faltan las claridades?

No ha manejado bien sus declaraciones el entrenador o ha estado siempre sumido en una gran confusión. Pero lo único que a la gente le queda claro es que él no ha sido claro.

Ahora lo importante para el fútbol chileno no es lo que suceda interiormente con el técnico -aunque nos inquiete humanamente-, sino lo que implica su permanencia, su partida o su indeterminación para el desarrollo de la selección, que está a las puertas de una nueva clasificatoria mundialista. Para él también tiene importancia, pues deteriora su buena fama ante los posibles interesados. Un técnico que vacila en forma permanente puede no satisfacer a todo el mundo.

Esa arista de su carácter ya está muy perfilada y sería bueno, para él y para el fútbol, que se decida con claridad. Lo merecen el fútbol y el aficionado chileno. Y si lo vuelven a llamar, de México o de Brasil o de donde sea, que conteste: "Lo siento, tengo contrato vigente". Es lo mejor. Y así se evita y nos evita todo este episodio.

LA ORQUESTA DEL TITANIC.

En las actuales circunstancias del país y dado que su institucionalidad opera sin complicaciones, no pareciera que el tema constitucional sea de aquellos que, como otros, requiere urgente despeje parlamentario ni preocupa a los ciudadanos de a pie...

El programa del actual gobierno propicia dictar una nueva Constitución, opinión entendible aunque no necesariamente compartible. En verdad, del texto original de 1980 es poco lo que va quedando, pues ha sido modificado en varias oportunidades, la más relevante de ellas en el 2005, patrocinada por el Presidente Lagos. Por cierto que restan disposiciones que modificar o derogar, como las relativas a los quórums de aprobación de determinadas leyes calificadas o el sistema de modificación del texto constitucional, portada inicial de cualquier proceso de su reforma. Sin embargo, al llamado de las reformas, "el ancho caudal del gran río del constitucionalismo" admite materias de toda índole que estimulan la creatividad constituyente que, como los autores de Cádiz en 1812, quisieran redactar una Carta, nueva y fundacional, que sea "un instrumento para conseguir la felicidad de la nación".

En todo caso, en las actuales circunstancias del país y dado que su institucionalidad opera sin complicaciones, no pareciera que el tema constitucional sea de aquellos que, como otros, requiere urgente despeje parlamentario ni preocupa a los ciudadanos de a pie. Los analistas que estudian reformas que no precisan, discutibles por mecanismos que no definen, se asemejan a la orquesta del "Titanic" interpretando abstraídamente música mientras el barco se precipita hacia el iceberg que podría significar su hundimiento.

VISION LIBERAL DEL ABORTO

Señor Director:
En su columna "El aborto: la otra visión liberal" (publicada el domingo), Lucía Santa Cruz objeta nuestro planteamiento, afirmando que la autonomía de la mujer para decidir sus actos propios no es argumento suficiente para permitirle abortar el embrión que aloja en su vientre, por tratarse de una vida humana.
La autonomía de la mujer que invocamos no es respecto de un tercero "único, distinto, irrepetible, con una carga genética específica, que no requiere de ninguna intervención adicional para crecer de embrión a persona", pues ese tercero sí requiere "del cuidado que la madre le otorga durante nueve meses", al que correctamente alude Lucía; de paso, al indicarlo, ella hace la distinción esencial entre embrión y persona, que ella misma identifica como fundamental para esta discusión.
Esa distinción se hace más explícita al analizar la naturaleza de ese cuidado, porque se trata de una condición sine qua non para que llegue a ser persona; es decir, no es que ella otorgue ese cuidado, así, simplemente, por defecto; ella "se ve forzada" a otorgarlo si un óvulo es fecundado en su interior. Ella debe "cargar" con el embarazo (o "gozar" ese embarazo), pero es su cuerpo, su esfuerzo, su tiempo, su ser, lo único que puede o no transformarlo en persona más adelante. Es más, ese embrión le impone un costo a la madre no solo durante el embarazo -la biología de ese conflicto in-útero (esa es la descripción científica que se ocupa) es un tema muy bien estudiado-, sino que dicha carga continúa durante muchos años más, una vez nacido.
En las tres causales del proyecto de ley, el costo aludido se ve agravado porque ella no es responsable de los problemas de ese particular embarazo (inviabilidad del feto o enfermedad con riesgo vital de la madre), o porque aquel fue generado por la agresión de un tercero ante el cual no pudo defenderse (violación). Es por eso que nos parece consecuente con el principio liberal permitir a la madre, en una situación anómala como las expuestas en las tres causales, decidir conforme a su conciencia si continuar o no con esa carga; es ella, y no otros, quien está sometida a esa situación, y, por lo tanto, es a ella a quien atañe la decisión respecto de continuar o no acarreando, no a un "tercero", sino a una parte constitutiva de su cuerpo, que además, hasta ese momento, es totalmente dependiente de él.
Se pueden sostener posiciones liberales más radicales, que consienten que una madre pueda desprenderse del embrión o feto hasta cualquier momento antes del nacimiento, argumentando que esa decisión le pertenece únicamente a ella y no al Estado ni a la sociedad. Nosotros hemos afirmado que su autonomía es válida, al menos, cuando el embarazo no haya sido consentido, que este no la exponga a un riesgo vital o que el feto sea inviable.
Respecto de la moral, siempre resulta iluminador recordar la extraordinaria intuición de David Hume: "las reglas de la moral no son, pues, las conclusiones de nuestra razón", sino que provienen de sentimientos morales, que ahora sabemos fueron moldeados por selección natural y quedaron incorporados en la arquitectura de nuestro sistema nervioso central. Los experimentos de Karen Wynn (expuestos en la conferencia "Orígenes cognitivos y evolucionarios de la moral", desarrollada en Santiago hace dos semanas) con bebés de solo meses de edad así lo indican. Por eso nunca se plantean dudas respecto de la sanción moral que tiene el asesinato de un recién nacido (porque los sentimientos morales respecto de aquel quedan instantáneamente constituidos), y, sin embargo, tenemos debates respecto de permitir el aborto de un embrión que aún no es persona.
Álvaro Fischer Francisco José Covarrubias

LA AMENAZA DEL CELULAR

Yo, en la situación, si me dicen que mi nieto está secuestrado y me hacen oír chillidos o balbuceos, no sé si tendría la sangre fría para cortar la llamada, anotar el número del cual me llaman o pedir que me den detalles como

Nicolás Luco "No cortes el celular", le dijeron a un joven que se creyó secuestrado, el jueves. Así, impidieron que se comunicara con otros.

Los "cacos" habían diseñado una estrategia. Si el joven, colgaba la llamada, el padre habría podido tomar contacto con él.

El padre también había sido engañado y buscaba desesperado al hijo. Al él también le dijeron que no cortara la comunicación. No podían llamarse recíprocamente.

Arriesgados los "cacos": los celulares son rastreables (mi mujer puede saber siempre donde estoy, si me busca por la aplicación de iCloud).

Imagino al padre, que le hicieron creer los peores sufrimientos de su hijo secuestrado... Yo, en la situación, si me dicen que mi nieto está secuestrado y me hacen oír chillidos o balbuceos, no sé si tendría la sangre fría para cortar la llamada, anotar el número del cual me llaman o pedir que me den detalles como cicatrices, fecha de nacimiento...

Pero es lo que hay que hacer si a uno lo amenazan a distancia. O bien, como hace hoy mi mujer, simplemente colgar.

Leo los tuits de #secuestrovirtual y me asombra cómo muchos o echan a la broma el tema o dan por normal esta situación. No es normal.

No es normal andar con susto. ¿Me arrebatará el maletín ese ciclista que viene por la vereda?

También leo los WhatsApp del caso y me alienta cómo se desplegaron las redes sociales durante el difícil trance: amigos, oraciones, pistas, ¡encontramos el auto!... y finalmente una profunda carta de agradecimiento de la mamá del joven. Los mensajes transforman la ciudad en una aldea de relaciones.

Leo el relato completo, con toda su complejidad, y me asombra el nivel del trabajo de inteligencia de la mafia del delito.

Avanzo en auto por La Pincoya y veo las ventanas enrejadas. Miedo en la ciudad. Saco una bicicleta pública y me doy cuenta de que le han cortado el cable para amarrarla. Vandalismo.

La urbe ya no es el pueblo; nacen nuevas víctimas y nuevos delitos. Los celulares han generado una ciudad paralela: con originales oportunidades para sembrar miedo, para dañar al prójimo.

En Chile, según el Banco Mundial, el 89% de las personas vive en áreas urbanas; las relaciones que se dan en las metrópolis pueden evolucionar para bien o para mal. Me dan el asiento en el metro, ¡no lo puedo creer!

Igual, los nuevos ámbitos tecnológicos de la vida dan pie a nuevas virtudes y a nuevos delitos que han de aprenderse a manejar. La autoridad debe contribuir definiendo a tiempo los nuevos delitos y asignándoles penas concordantes; la policía, establecer protocolos nuevos en su acción; es un ambiente tecnológico. Y nosotros, los de a pie, adecuar hábitos, aunque nos cueste. Y renunciar a rangos de privacidad, también.

Pero está claro que, por lo pronto, hay que invertir en un asunto: bloquear tecnológicamente y con eficiencia los celulares en las cárceles. Desde allí provienen muchos de estos males.

PRESTAMOS INFORMALES A PEQUEÑOS DEUDORES.

Por intentar protegerlos de una supuesta usura, se los somete a las reglas de un mercado informal que cobra intereses habitualmente mucho más altos.

De acuerdo con la Asociación de Bancos e Instituciones financieras, el número de deudores con préstamos inferiores a UF 50 en el sistema financiero ha caído en 30 por ciento en los últimos tres años. Este mismo número para deudores de más de UF 200 se ha incrementado en 29 por ciento en igual período. El tramo intermedio, que quizás es muy heterogéneo y por tanto impactado diferencialmente por este tipo de regulaciones, vio crecer el número de deudores en ese plazo en solo 5 por ciento.

Es difícil pensar que los deudores que salieron del sistema financiero dejaron de acceder a financiamiento del todo. El volumen de operaciones de la Dirección General de Crédito Prendario y de operaciones privadas de compraventa de oro ha ido en aumento y si bien no hay antecedentes fidedignos, las operaciones informales de crédito parecen ir al alza. La Encuesta Financiera de Hogares del Banco Central detectó un aumento de este tipo de operaciones entre 2007 y 2012, pero no hay evidencia que permita dimensionar la evolución de esta situación en años recientes.

Es un hecho que los créditos y particularmente los intereses que se cobran, a pesar del desarrollo financiero que caracteriza a las economías más dinámicas, han sido evaluados con una permanente carga moral. Así, muchas operaciones son catalogadas de usureras y, por tanto, hay una tendencia a regular en exceso los cobros de intereses que pueden hacer las instituciones financieras en sus colocaciones. Quizás por esta misma razón, es habitual que se intente limitar la información respecto de la historia de los deudores del sistema financiero, para que no se vean perjudicados por eventuales problemas de cumplimiento oportuno en su pasado. En este razonamiento puede estar la causa de las tendencias identificadas en relación con el endeudamiento de los pequeños deudores.

En efecto, es inevitable ligar el fenómeno descrito con dos cambios del último tiempo en la regulación financiera chilena. Por una parte, la caída relativa en la tasa máxima convencional y, por otra, la ley que borró de Dicom a deudores con menos de 2,5 millones de pesos y sin que su historia comercial pueda ser conocida. Ambas medidas reducen el interés en los deudores de menos ingresos y que son habitualmente los que solicitan préstamos más pequeños. Ellos tienden a ser más riesgosos y, por tanto, se exige un premio mayor o un conocimiento más acabado de su historia comercial. En cierto modo, ambas medidas se refuerzan para impactar negativamente en el acceso al crédito de estas personas. Si no se conoce su historia comercial, es razonable presumir que puede ser un deudor promedio o incluso un mal deudor. El premio por riesgo que se le exige a la operación financiera puede, por tanto, ser mayor que la que se le exigiría en presencia de esa historia. El techo más bajo que impone la tasa máxima convencional reduce inevitablemente su acceso al crédito formal. Pero aun si se lograse construir parcialmente esa historia, cabe suponer que hay una distribución de riesgos entre los solicitantes de préstamos. Al bajar la tasa máxima convencional va a crecer el número de personas cuyo riesgo esté en torno o por encima de la tasa convencional y, por tanto, no van a ser sujetos de crédito.

La paradoja es que, por intentar protegerlos de una supuesta usura, se los deja sin acceso al sistema formal y se los somete a las reglas de un mercado informal que cobra intereses habitualmente mucho más altos que el mercado financiero establecido y respecto del cual no se puede reclamar o los usuarios carecen de defensa efectiva ante cualquier abuso del que puedan ser víctimas. De ahí la importancia de evaluar bien las regulaciones que se quiere imponer, porque no siempre producen los resultados prometidos y las consecuencias pueden ser indeseadas.

ABORTO : SE HA VULNERADO UN PRINCIPIO DE ETICA UNIVERSAL

El 4 de agosto fue un día triste para Chile. Cinco diputados defendieron la vida, motivo de reconocimiento y apoyo; pero ocho diputados -entre ellos dos de un partido que adscribe al ideario cristiano- aprobaron que se inicie en Chile el camino hacia el aborto legal. Algunos se han amparado en su conciencia para fundamentar su voto aprobatorio, como si esa luz del alma pudiera actuar contra la ley ética, que obliga a todos y siempre, a nunca quitar la vida a un inocente. Para los cristianos esta ley moral, inscrita en nuestros corazones, fue, además, entregada por el mismo Dios a nuestros antepasados y por tanto no puede alegarse ignorancia.

Todos los diputados que han dado su aprobación han ido directamente contra un principio elemental de la convivencia humana, compartido por todas las civilizaciones y escuelas de pensamiento: hacer el bien y evitar el mal. Algunas veces estamos enfrentados a situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión difícil. Pero siempre es posible buscar lo que es justo y bueno y discernir la voluntad superior expresada en la ley divina. No basta creer que Dios no existe para eximirse de él y de su ley. Para comprender esto debemos esforzarnos por interpretar los datos de la experiencia y los signos de los tiempos, gracias a la virtud de la prudencia y los consejos de las personas entendidas y sabias.

En todos los casos previstos por el proyecto de ley de aborto se transgrede un principio elemental de la ética universal: Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Es decir, nunca es moralmente lícito quitar, directa y advertidamente la vida a un ser humano, como medio para alcanzar un fin. Cuando está en riesgo la vida de la madre, como consecuencia de un embarazo, la solución nunca puede ser atentar directamente contra la vida concebida. Tampoco es éticamente aceptable que ante la inviabilidad del niño en gestación, producto de alguna enfermedad o malformación que le imposibilite su vida futura, alguien adelante su muerte mediante el aborto directo. Más inmoral resulta aun que para evitar una vida producto de un embarazo por violación, nos arroguemos la facultad de terminarla anticipadamente. Lo sucedido el día 4 es una expresión manifiesta y comprobable de lo que, sabiamente, se ha llamado la dictadura del relativismo.

¿Qué hay de común en la decisión de los ocho diputados que votaron la iniciativa de legislar a favor del aborto directo? Me parece que un comportamiento abusivo. Aunque algunos de ellos se hayan amparado en su conciencia y otros en su deber, han actuado contra la conciencia recta e incumplido el deber de la justicia hacia un inocente. Han transgredido la primera ley escrita en los corazones: hacer el bien y evitar el mal. Difícilmente podrán excusarse en la ignorancia, pues se trata de varones y mujeres libres, formados humana e intelectualmente, que frente a casos difíciles deberían seguir la regla clásica: "Retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis mirad al testigo, Dios" (San Agustín). Han fallado los que estaban llamados a procurarnos leyes justas y que nos encaminen al Bien Común. Y cuando se yerra en algo grave y lo hacen personas constituidas en autoridad, las consecuencias también son graves. Esta falla se debe a que no han querido reconocer y escuchar a Dios, al Supremo Hacedor o al Motor Inmóvil, que a todos habla en su interior y para nadie calla.

La "regla de oro" de la convivencia humana, que puede hacer este mundo más amable y fraterno, y que nos manda no hacer a los demás lo que no queremos para nosotros, la han incumplido los que debían enseñárnosla, pues fueron puestos para hacer más justo y equitativo nuestro pasar terreno, y está ocurriendo lo contrario. Lo que hemos vivido y escuchado el día 4 es la expresión de una élite que va perdiendo sus raíces, que ha abandonado la fe de sus padres y se ha apartado de la ley que llevamos en nuestra humana naturaleza y quiere erigir al mismo ser humano en centro y rector de la vida y a la mayoría como suprema ley del bien y del mal.

Es necesario no ceder. Queda un camino largo para que llegue a consolidarse una ley inicua, es decir, que va contra la de Dios y que hiere la dignidad de la persona humana. Habrá que argumentar una y otra vez, porque no estamos defendiendo una verdad religiosa ni de un sector o una ideología, estamos defendiendo la humanidad del ser más inocente y digno de nuestro amor y cuidado: el niño pequeño, que ya instalado en el seguro lugar del seno materno, quiere abrirse paso para vivir con nosotros y ser uno de nosotros.

+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo

LA CONSTITUCION TRAICIONADA

Pablo Rodríguez:

"No faltan los que proponen inflar los derechos fundamentales, dándoles el carácter de 'derechos sociales', imponiendo el costo de su prestación al erario nacional..."

Entre las muchas reformas que entorpecen las principales actividades productivas en nuestro país se encuentra la posible sustitución de la Constitución Política de la República. Mucho se ha discutido y escrito sobre la forma de reemplazarla, al extremo de proponer violentar sus disposiciones, convocando al poder originario que se manifestaría por medio de una asamblea constituyente.

El establecimiento de una nueva Carta Fundamental obliga a analizar dos cuestiones íntimamente vinculadas: el procedimiento que corresponde aplicar para incorporar al sistema jurídico un instrumento de esta categoría, y las principales modificaciones que se pretende introducir a través de ella. Lo primero dice relación con su legitimidad (desvaída crítica política que afecta a la actual institucionalidad), lo segundo, con un verdadero pacto social que recoja aspiraciones mayoritarias presuntamente insatisfechas.

Lo cierto es que la legitimidad de una nueva Constitución solo puede fundarse en lo que prescribe la que actualmente nos rige, de suerte que toda medida encaminada a burlar sus normas, a este respecto, no será más que una treta fraguada al calor de desenfrenadas reminiscencias revolucionarias. En otros términos, traicionar la trayectoria histórica que ella ha hecho posible.

La Constitución de 1980 es el título con que se restableció la democracia en Chile, cumpliéndose estrictamente el itinerario diseñado y comprometido por el régimen militar; la que permitió avanzar en una transición nada traumática; la que fijó las normas básicas de una economía libre, que ha dado a Chile una renovada imagen tanto en el ámbito interno como externo; la que ha previsto los medios para amparar y proteger en forma efectiva los derechos fundamentales, cada día más amplios y efectivos; en fin, la que ha promovido el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la inmensa mayoría ciudadana. Si, además, contabilizamos las reformas que ha sufrido desde 1989, nadie podría seriamente seguir afirmando que la institucionalidad creada en 1980 es espuria e ilegítima. Sostener lo anterior es un vano pretexto para justificar la intención de volver a arrasar el orden establecido, invocando renovados "resquicios legales" (¿retroexcavadora?), cuyas huellas traumáticas aún perduran en la conciencia de toda una generación.

Por último, es también innegable que el sistema jurídico, reemplazado casi en su integridad por el gobierno militar, se elaboró sobre los cimientos aportados por la Carta de 1980, lo que significó un avance ostensible que hoy reclaman para sí tanto los partidos oficialistas como los opositores.

Conviene preguntarse cuáles son las grandes modificaciones que se intenta introducir en una nueva Constitución.

Desde luego, se propone debilitar el poder presidencial, lo cual supone aumentar, paralelamente, las potestades del Poder Legislativo. No parece ser esta una alternativa grata para la ciudadanía, como lo reconocen periódicamente los propios congresistas al admitir las muchas falencias e inconsistencias en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los fallidos ensayos "parlamentaristas" habidos en el pasado y de la escasa adhesión que suscita en la población el funcionamiento del Congreso.

Por otra parte, se proclama la necesidad de eliminar los quórums de algunas leyes que por su importancia conviene proteger de la inestabilidad derivada del ejercicio de mayorías políticas circunstanciales que pueden destruir el modelo institucional (leyes orgánicas constitucionales y de quórum calificado).

Entre las cuestiones más citadas, se apunta a las atribuciones y prerrogativas del Tribunal Constitucional, encargado de velar por la constitucionalidad de las diversas expresiones formales de derecho (leyes, reglamentos, tratados internacionales, autos acordados, etcétera). Este organismo autónomo es la garantía más eficiente de que disponen los imperados para asegurar el respeto de los derechos fundamentales y un cerrojo para evitar excesos imposibles de controlar por otros medios.

Ciertamente, no faltan los que, invocando una reforma de esta magnitud, sueñan con convertir nuestra democracia en una farándula electoralista. Asimismo, proponen inflar los derechos fundamentales, dándoles el carácter de "derechos sociales", imponiendo el costo de su prestación al erario nacional. Es esta la fórmula más segura para desatar las presiones políticas y aniquilar todo avance real.

Asumir la defensa de la Constitución de 1980 es un imperativo para todos aquellos que vivimos la tentativa totalitaria que arrasó con la imperfecta democracia que nos legó la primera mitad del siglo XX y un medio eficaz para asegurar mejores días para Chile.

Pablo Rodríguez Grez
Decano
Facultad de Derecho
Universidad del Desarrollo