"Una estrategia políticocomunicacional que pasa por alto los hechos choca con el sentido común y trae como reacción el rechazo..."
El respeto a la figura presidencial no se vincula con el mayor o menor acierto en el ejercicio de sus tareas, sino con el reconocimiento de su papel dentro del Estado.
Discurso insostenible
La Moneda debe abandonar la actitud de seguir negando la existencia de la "precampaña" que antecedió al retorno de Michelle Bachelet a Chile, en marzo de 2013. Persistir en ese discurso, desmentido por los principales dirigentes de partidos oficialistas, solo deteriorará la credibilidad de la Mandataria, ya fuertemente dañada por el caso Caval, según han mostrado todas las encuestas.
Desde luego, aquella negación contradice hechos ampliamente informados en su momento por la prensa, como fue el desarrollo de diversas acciones ejecutadas por un grupo de personas que trabajó para preparar el regreso de la Presidenta, en una labor política que incluyó viajes de coordinación a Nueva York, elaboraciones programáticas y hasta registros audiovisuales luego usados en la franja de propaganda electoral. Raya en la ingenuidad pretender que la ciudadanía crea que la decisión de Bachelet de repostularse solo se adoptó días antes de volver a Chile, en circunstancias que la elección municipal de 2012 fue enfrentada por la centroizquierda (incluida una parte de la DC) usando su figura como baluarte, y que ya en el segundo semestre de ese año no existía otra candidatura viable en el sector.
Una estrategia político-comunicacional que pasa por alto aquellos hechos choca con el sentido común y trae como reacción el rechazo. Por lo mismo, es grave que miembros del nuevo gabinete político, respecto de cuyo desempeño el país alberga importantes esperanzas, hayan debido gastar parte de su capital intentando justificar un discurso insostenible.
Por cierto, el pronto sinceramiento de aquello no significa suponer que la Presidenta haya avalado cada una de las actuaciones de las personas que participaron de la precampaña ni que haya autorizado los mecanismos a que recurrieron para allegar financiamiento. Siendo innegable el que mucho antes de su retorno a Chile hubo quienes se reunieron con directivos de grupos económicos y solicitaron recursos usando su nombre, corresponde a las instancias pertinentes evaluar la legalidad de las fórmulas utilizadas para materializar esos aportes. Pero respecto de la Mandataria, habiendo afirmado de modo enfático su desconocimiento de tales prácticas, no cabe sino aceptar su palabra. Poner en duda esta sin existir antecedentes de peso supone banalizar la institución de la Presidencia, pieza fundamental de nuestro andamiaje institucional.
Imperativa defensa del mandato democrático
Desde los albores de la República y con independencia de quienes han ejercido el cargo, la figura del Jefe de Estado ha encarnado la unidad nacional y los intereses permanentes del país -de hecho, cuando ello ha dejado de ocurrir, ha dado origen a las más graves crisis de nuestra historia-. El respeto a dicha figura no se vincula, pues, con el mayor o menor acierto en el ejercicio de las tareas gubernamentales, sino con el reconocimiento de su papel dentro del Estado. Ello es particularmente evidente en el caso de la Presidenta Bachelet, elegida por más del 60% de los votantes para dirigir al país por un período de cuatro años.
Sorprende, por lo mismo, la irresponsabilidad de ciertos constitucionalistas y otros dirigentes que parecen ver en la caída de la confianza pública una oportunidad para llevar a cabo sus tesis maximalistas. Declarar frívolamente la supuesta ilegitimidad de quienes han sido elegidos representantes populares implica desconocer el mandato ciudadano y el propio Estado de Derecho, pretendiendo sustituirlo por la acción de ciertos grupos de interés con alta capacidad de movilización. Lejos de abrir paso a una era de utópica igualdad, la erosión de las instituciones solo franquea el camino al abuso, como lo demuestran lamentables ejemplos en la región. A la larga, "la calle" y la urna de votación son opciones incompatibles, y frente a esa dicotomía, la defensa del mandato democrático constituye un imperativo.
Discurso insostenible
La Moneda debe abandonar la actitud de seguir negando la existencia de la "precampaña" que antecedió al retorno de Michelle Bachelet a Chile, en marzo de 2013. Persistir en ese discurso, desmentido por los principales dirigentes de partidos oficialistas, solo deteriorará la credibilidad de la Mandataria, ya fuertemente dañada por el caso Caval, según han mostrado todas las encuestas.
Desde luego, aquella negación contradice hechos ampliamente informados en su momento por la prensa, como fue el desarrollo de diversas acciones ejecutadas por un grupo de personas que trabajó para preparar el regreso de la Presidenta, en una labor política que incluyó viajes de coordinación a Nueva York, elaboraciones programáticas y hasta registros audiovisuales luego usados en la franja de propaganda electoral. Raya en la ingenuidad pretender que la ciudadanía crea que la decisión de Bachelet de repostularse solo se adoptó días antes de volver a Chile, en circunstancias que la elección municipal de 2012 fue enfrentada por la centroizquierda (incluida una parte de la DC) usando su figura como baluarte, y que ya en el segundo semestre de ese año no existía otra candidatura viable en el sector.
Una estrategia político-comunicacional que pasa por alto aquellos hechos choca con el sentido común y trae como reacción el rechazo. Por lo mismo, es grave que miembros del nuevo gabinete político, respecto de cuyo desempeño el país alberga importantes esperanzas, hayan debido gastar parte de su capital intentando justificar un discurso insostenible.
Por cierto, el pronto sinceramiento de aquello no significa suponer que la Presidenta haya avalado cada una de las actuaciones de las personas que participaron de la precampaña ni que haya autorizado los mecanismos a que recurrieron para allegar financiamiento. Siendo innegable el que mucho antes de su retorno a Chile hubo quienes se reunieron con directivos de grupos económicos y solicitaron recursos usando su nombre, corresponde a las instancias pertinentes evaluar la legalidad de las fórmulas utilizadas para materializar esos aportes. Pero respecto de la Mandataria, habiendo afirmado de modo enfático su desconocimiento de tales prácticas, no cabe sino aceptar su palabra. Poner en duda esta sin existir antecedentes de peso supone banalizar la institución de la Presidencia, pieza fundamental de nuestro andamiaje institucional.
Imperativa defensa del mandato democrático
Desde los albores de la República y con independencia de quienes han ejercido el cargo, la figura del Jefe de Estado ha encarnado la unidad nacional y los intereses permanentes del país -de hecho, cuando ello ha dejado de ocurrir, ha dado origen a las más graves crisis de nuestra historia-. El respeto a dicha figura no se vincula, pues, con el mayor o menor acierto en el ejercicio de las tareas gubernamentales, sino con el reconocimiento de su papel dentro del Estado. Ello es particularmente evidente en el caso de la Presidenta Bachelet, elegida por más del 60% de los votantes para dirigir al país por un período de cuatro años.
Sorprende, por lo mismo, la irresponsabilidad de ciertos constitucionalistas y otros dirigentes que parecen ver en la caída de la confianza pública una oportunidad para llevar a cabo sus tesis maximalistas. Declarar frívolamente la supuesta ilegitimidad de quienes han sido elegidos representantes populares implica desconocer el mandato ciudadano y el propio Estado de Derecho, pretendiendo sustituirlo por la acción de ciertos grupos de interés con alta capacidad de movilización. Lejos de abrir paso a una era de utópica igualdad, la erosión de las instituciones solo franquea el camino al abuso, como lo demuestran lamentables ejemplos en la región. A la larga, "la calle" y la urna de votación son opciones incompatibles, y frente a esa dicotomía, la defensa del mandato democrático constituye un imperativo.
Eficacia gubernamental en cuestión
La superación del entrampamiento que vive el Gobierno es también necesaria por una cuestión de eficacia. Durante las últimas semanas se ha producido una acumulación de problemas que exigen la atención de los equipos del Ejecutivo. El recién concluido paro aduanero no solo afectó al comercio exterior, sino que puso en riesgo el cumplimiento de las garantías que Chile entrega a Bolivia en un momento crítico, luego de los recientes alegatos en La Haya. La delincuencia, en tanto, ha alcanzado nuevas cotas de audacia en su actuar, mientras la violencia en La Araucanía se agudiza impunemente y en Santiago se incurre en imprudencias como autorizar una marcha nocturna cuyo resultado en términos de desmanes era perfectamente predecible. A su vez, la fórmula ideada para avanzar a la gratuidad en la educación superior, lejos de contener al movimiento estudiantil, genera transversal rechazo, al tiempo que en Salud la propia Presidenta ha debido reconocer la incapacidad de su administración para ejecutar las inversiones prometidas.
Ciertamente se requiere crear las condiciones para que La Moneda pueda destinar sus esfuerzos a abordar estas materias, en lugar de tener que consumirlos en el seguimiento de casos judiciales y la defensa de tesis peregrinas.
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