"Asegurar una educación de calidad, cuando se invierten fondos cuantiosos, requiere exigencias elevadas y no tan diluidas como anticipan los compromisos adquiridos por el Gobierno..."
Finalmente se aprobó, en la Cámara de Diputados, la idea de legislar en el proyecto de ley que aspira a crear un nuevo sistema de desarrollo profesional para los docentes. En algún momento, su tramitación estuvo en riesgo, particularmente después de que el miércoles no fuese aprobado en la comisión de Educación de dicha Cámara. Esa tarde el Gobierno negoció un acuerdo para poner en tabla el jueves la votación en la sala. Para ello se requería unanimidad de todas las bancadas. Afortunadamente hubo generosidad de todos los sectores y se logró superar ese obstáculo. Puesta en votación, fue aprobada con 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones.
Ahora el debate queda abierto para discutir en particular el proyecto. Lamentablemente las concesiones que ya ofreció el Gobierno para lograr esta aprobación reducen las posibilidades de que la inversión anunciada, del orden de US$ 2.300 millones hacia 2020, pueda traducirse en un aumento de la calidad de la educación. Por un lado, el Gobierno se comprometió a recoger en las indicaciones el documento "Condiciones básicas para continuar la tramitación del Proyecto de Nueva Carrera Docente" que respaldaron todos los integrantes de la comisión de Educación, a excepción del diputado Felipe Kast, y, por otro, a incorporar un aumento en las horas lectivas hasta el 40% (del 35% que contempla el proyecto de ley), aunque después de 2020 en la medida que lo permitan las condiciones económicas del país.
Este compromiso incluye, por ejemplo, eliminar la certificación originalmente exigida para ingresar a la profesión docente. Ahora solo se considerará el concurso de antecedentes. Se estima que basta con aumentar las exigencias a los programas de pedagogía para asegurar un profesor con las competencias apropiadas. Es un gran error. En los países en los que no existe certificación, los directores tienen mucha autonomía para decidir si el profesor que ingresa permanece en el establecimiento. No es el caso de este proyecto. Por lo demás, el examen nacional en Medicina ha demostrado ser extremadamente útil para evaluar las competencias médicas. No se ve por qué ello no podría repetirse en pedagogía.
Adicionalmente, se flexibilizan las exigencias para que los profesores actuales se encasillen en los tramos que ofrece la nueva carrera, sin garantías de que aquellos cuenten con las competencias que estos suponen. Al mismo tiempo se prolongan exageradamente los plazos para que un profesor pueda alcanzar la categoría deseable de desempeño y también se extiende en demasía el plazo que transcurre entre dos evaluaciones docentes en algunos casos. Asegurar una educación de calidad requiere exigencias elevadas y no tan diluidas como las que anticipan estos compromisos. Por cierto, deben tener también una dimensión formativa, pero eso no excluye que el desarrollo profesional docente tenga que estar ligado a los desempeños de los maestros, como, de hecho, está ocurriendo en los países más avanzados. Es equivocado también comprometer un número adicional de horas no lectivas sin que se realice previamente una evaluación cuidadosa del impacto que el aumento ya acordado está teniendo en los aprendizajes de los estudiantes.
La aprobación a regañadientes de la idea de legislar, las abstenciones y las desaprobaciones de este proyecto han descansado casi sin excepciones en la oposición que genera este proyecto en el gremio docente. ¿Pero significa ello que este es un proyecto que no debe deliberarse? Desde luego que no. Por un lado, los intereses del Colegio de Profesores no necesariamente coinciden con los de los estudiantes y sus familias. Que ello no se comprenda es indicativo de un desconocimiento de lo que significa la deliberación en una sociedad democrática o sencillamente de la captura a la que están sometidos algunos congresistas. En ambos casos parece una situación grave. Por otro, si hay acuerdo en que sin buenos docentes es imposible asegurar una mejor educación, se deben hacer esfuerzos especiales para asegurar una buena ley y ello se logra a través de la discusión en particular del proyecto. Este debe repararse en muchas dimensiones, pero su orientación general es correcta.
Ahora el debate queda abierto para discutir en particular el proyecto. Lamentablemente las concesiones que ya ofreció el Gobierno para lograr esta aprobación reducen las posibilidades de que la inversión anunciada, del orden de US$ 2.300 millones hacia 2020, pueda traducirse en un aumento de la calidad de la educación. Por un lado, el Gobierno se comprometió a recoger en las indicaciones el documento "Condiciones básicas para continuar la tramitación del Proyecto de Nueva Carrera Docente" que respaldaron todos los integrantes de la comisión de Educación, a excepción del diputado Felipe Kast, y, por otro, a incorporar un aumento en las horas lectivas hasta el 40% (del 35% que contempla el proyecto de ley), aunque después de 2020 en la medida que lo permitan las condiciones económicas del país.
Este compromiso incluye, por ejemplo, eliminar la certificación originalmente exigida para ingresar a la profesión docente. Ahora solo se considerará el concurso de antecedentes. Se estima que basta con aumentar las exigencias a los programas de pedagogía para asegurar un profesor con las competencias apropiadas. Es un gran error. En los países en los que no existe certificación, los directores tienen mucha autonomía para decidir si el profesor que ingresa permanece en el establecimiento. No es el caso de este proyecto. Por lo demás, el examen nacional en Medicina ha demostrado ser extremadamente útil para evaluar las competencias médicas. No se ve por qué ello no podría repetirse en pedagogía.
Adicionalmente, se flexibilizan las exigencias para que los profesores actuales se encasillen en los tramos que ofrece la nueva carrera, sin garantías de que aquellos cuenten con las competencias que estos suponen. Al mismo tiempo se prolongan exageradamente los plazos para que un profesor pueda alcanzar la categoría deseable de desempeño y también se extiende en demasía el plazo que transcurre entre dos evaluaciones docentes en algunos casos. Asegurar una educación de calidad requiere exigencias elevadas y no tan diluidas como las que anticipan estos compromisos. Por cierto, deben tener también una dimensión formativa, pero eso no excluye que el desarrollo profesional docente tenga que estar ligado a los desempeños de los maestros, como, de hecho, está ocurriendo en los países más avanzados. Es equivocado también comprometer un número adicional de horas no lectivas sin que se realice previamente una evaluación cuidadosa del impacto que el aumento ya acordado está teniendo en los aprendizajes de los estudiantes.
La aprobación a regañadientes de la idea de legislar, las abstenciones y las desaprobaciones de este proyecto han descansado casi sin excepciones en la oposición que genera este proyecto en el gremio docente. ¿Pero significa ello que este es un proyecto que no debe deliberarse? Desde luego que no. Por un lado, los intereses del Colegio de Profesores no necesariamente coinciden con los de los estudiantes y sus familias. Que ello no se comprenda es indicativo de un desconocimiento de lo que significa la deliberación en una sociedad democrática o sencillamente de la captura a la que están sometidos algunos congresistas. En ambos casos parece una situación grave. Por otro, si hay acuerdo en que sin buenos docentes es imposible asegurar una mejor educación, se deben hacer esfuerzos especiales para asegurar una buena ley y ello se logra a través de la discusión en particular del proyecto. Este debe repararse en muchas dimensiones, pero su orientación general es correcta.
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