Un confuso paso adelante en educación

"Asegurar una educación de calidad, cuando se invierten fondos cuantiosos, requiere exigencias elevadas y no tan diluidas como anticipan los compromisos adquiridos por el Gobierno..."

  

Finalmente se aprobó, en la Cámara de Diputados, la idea de legislar en el proyecto de ley que aspira a crear un nuevo sistema de desarrollo profesional para los docentes. En algún momento, su tramitación estuvo en riesgo, particularmente después de que el miércoles no fuese aprobado en la comisión de Educación de dicha Cámara. Esa tarde el Gobierno negoció un acuerdo para poner en tabla el jueves la votación en la sala. Para ello se requería unanimidad de todas las bancadas. Afortunadamente hubo generosidad de todos los sectores y se logró superar ese obstáculo. Puesta en votación, fue aprobada con 65 votos a favor, 11 en contra y 30 abstenciones.

Ahora el debate queda abierto para discutir en particular el proyecto. Lamentablemente las concesiones que ya ofreció el Gobierno para lograr esta aprobación reducen las posibilidades de que la inversión anunciada, del orden de US$ 2.300 millones hacia 2020, pueda traducirse en un aumento de la calidad de la educación. Por un lado, el Gobierno se comprometió a recoger en las indicaciones el documento "Condiciones básicas para continuar la tramitación del Proyecto de Nueva Carrera Docente" que respaldaron todos los integrantes de la comisión de Educación, a excepción del diputado Felipe Kast, y, por otro, a incorporar un aumento en las horas lectivas hasta el 40% (del 35% que contempla el proyecto de ley), aunque después de 2020 en la medida que lo permitan las condiciones económicas del país.

Este compromiso incluye, por ejemplo, eliminar la certificación originalmente exigida para ingresar a la profesión docente. Ahora solo se considerará el concurso de antecedentes. Se estima que basta con aumentar las exigencias a los programas de pedagogía para asegurar un profesor con las competencias apropiadas. Es un gran error. En los países en los que no existe certificación, los directores tienen mucha autonomía para decidir si el profesor que ingresa permanece en el establecimiento. No es el caso de este proyecto. Por lo demás, el examen nacional en Medicina ha demostrado ser extremadamente útil para evaluar las competencias médicas. No se ve por qué ello no podría repetirse en pedagogía.

Adicionalmente, se flexibilizan las exigencias para que los profesores actuales se encasillen en los tramos que ofrece la nueva carrera, sin garantías de que aquellos cuenten con las competencias que estos suponen. Al mismo tiempo se prolongan exageradamente los plazos para que un profesor pueda alcanzar la categoría deseable de desempeño y también se extiende en demasía el plazo que transcurre entre dos evaluaciones docentes en algunos casos. Asegurar una educación de calidad requiere exigencias elevadas y no tan diluidas como las que anticipan estos compromisos. Por cierto, deben tener también una dimensión formativa, pero eso no excluye que el desarrollo profesional docente tenga que estar ligado a los desempeños de los maestros, como, de hecho, está ocurriendo en los países más avanzados. Es equivocado también comprometer un número adicional de horas no lectivas sin que se realice previamente una evaluación cuidadosa del impacto que el aumento ya acordado está teniendo en los aprendizajes de los estudiantes.

La aprobación a regañadientes de la idea de legislar, las abstenciones y las desaprobaciones de este proyecto han descansado casi sin excepciones en la oposición que genera este proyecto en el gremio docente. ¿Pero significa ello que este es un proyecto que no debe deliberarse? Desde luego que no. Por un lado, los intereses del Colegio de Profesores no necesariamente coinciden con los de los estudiantes y sus familias. Que ello no se comprenda es indicativo de un desconocimiento de lo que significa la deliberación en una sociedad democrática o sencillamente de la captura a la que están sometidos algunos congresistas. En ambos casos parece una situación grave. Por otro, si hay acuerdo en que sin buenos docentes es imposible asegurar una mejor educación, se deben hacer esfuerzos especiales para asegurar una buena ley y ello se logra a través de la discusión en particular del proyecto. Este debe repararse en muchas dimensiones, pero su orientación general es correcta.

Para restaurar la confianza"

Lo que necesitamos en Chile más que nada es un gran esfuerzo de desenredar medidas desafortunadas..."

El ministro de Hacienda ha dicho, con razón, que hay que moderar el gasto fiscal, y por tanto asignarle prioridades al programa del Gobierno. Este golpe de seriedad inspira mucha confianza. Pero también arriesga desembocar en un aumento del desempleo si no es compensado por un repunte de la inversión. El desafío ahora es, entonces, identificar medidas adicionales que consoliden la confianza de los inversionistas, para que ese repunte se dé.

¿Por qué ha estado la inversión tan deprimida?

Hay un aspecto que está fuera de nuestro control: las empresas mineras han postergado sus grandes proyectos nuevos en todo el mundo. Sus costos de inversión se habían disparado, el precio de los metales estaba bajando, y sus accionistas estaban inquietos, por lo que las empresas se vieron obligadas a devolverles dinero en forma de dividendos o de recompra de acciones, en vez de destinarlo a inversiones. En esto es poco lo que podemos hacer en Chile, fuera de esperar con paciencia un nuevo ciclo minero, y de trabajar para que sigamos siendo competitivos en el sector cuando ocurra, aun cuando hayan bajado sustancialmente las leyes de nuestro mineral de cobre. Eso significa reducir el costo de energía, en lo que el Gobierno sí está trabajando, y aumentar la seguridad jurídica en la autorización de proyectos. Allí estamos muy mal, lo que repercute también en muchos otros sectores de inversión.

Si no fuera por lo que ha pasado con el cobre, sonaría raro que las autoridades culparan tanto a la "situación internacional" para explicar nuestra desaceleración. Porque en otros aspectos no es nada de mala. Según el FMI, el mundo creció al mismo 3,4% en 2012, 2013 y 2014, y en 2015 y 2016 se estima que crecerá al 3,5 y 3,8%. Por otro lado se ha desplomado el petróleo, lo que nos favorece. Es cierto que hay crisis en otros países emergentes, sobre todo Brasil, pero eso no se debe solo a la situación del mundo. Hay una pérdida de confianza en la capacidad de estos países de generar buenas políticas públicas. La crisis de Brasil y, desgraciadamente, la de Chile se deben en parte a políticas equivocadas que son vistas en el exterior con alarma. Por eso lo que necesitamos en Chile más que nada es un gran esfuerzo de desenredar medidas desafortunadas.

La Presidenta ha anunciado un nuevo ciclo de "realismo sin renuncia". Tenemos que esperar el cónclave para saber qué significa eso exactamente, pero en principio parece estarse dando una gran oportunidad para restablecer algo de la confianza perdida. Desde ya los ministros de Interior y de Hacienda han estado dando señales alentadoras. El Gobierno siempre tuvo algunas metas buenas: por ejemplo, que hubiera más igualdad y mejor educación, y más recaudación tributaria. Por tanto si lo que se pretende es "no renunciar" a esas metas, estamos bien. Donde necesitamos realismo -o profesionalismo, que desde el 11 de mayo sí existe- es en los medios ideados para lograrlas. Por eso no hay golpe de confianza más eficaz que una profunda reingeniería de esos medios.

Tal vez sea muy tarde reorientar la reforma educacional, concebida a toda vista no para que haya más igualdad o calidad, sino para atender demandas de grupos corporativos como la Confech. Pero no es tarde para modificar la reforma laboral, para que favorezca más al empleo y menos a los intereses corporativos de la CUT; o para simplificar una reforma tributaria cuyos enredos han sido devastadores para la confianza. Finalmente cabe que se aclare lo que busca el Gobierno en una nueva Constitución, ya que hay quienes en la Nueva Mayoría que quisieran ponerle salvedades a la propiedad privada, justo cuando, innecesariamente, se deroga el DL 600.